Del acto patriótico a las leyes antiterror

La Ley Patriótica fue aprobada en los Estados Unidos como respuesta a los atentados del 11 de septiembre del 2001.

Los ataques contra las libertades individuales fueron muy violentos y aplicados en el clima de shock que se creó a partir de una campaña histérica, principalmente a partir de la gran prensa.

Sobre esa base la burguesía imperialista norteamericana desató la llamada “Guerra al Terror” con la cual pretendía defender su “democracia” contra el “terrorismo”.

La verdad no tardó mucho para llegar. En vez de hacerle la guerra a Afganistán inmediatamente, ya que era allí que se encontraba el principal acusado (Osama Bin Laden), el ataque fue hecho en marzo del 2003 contra Irak, que por coincidencia era uno de los más ricos productores mundiales de petróleo, a parte de haber quedado muy debilitado después de la Guerra del Golfo en el año 1992.

Como parte de la política más agresiva del imperialismo norteamericano, se le impuso a todos los países que aprobaron Leyes Antiterroristas, bajo pena de fuertes sanciones, en primer lugar a su patio trasero, la América Latina.

La Ley Antiterror fue aprobada prontamente por el gobierno de Néstor Kirschner en Argentina, ya en el año 2007.

En Colombia, el sistema jurídico “contra el terror” venía desde hacía décadas, no solo por la guerra contra los grupos guerrilleros sino principalmente para justificar las nueve bases militares norteamericanas en el país dentro del Plan Colombia. Este plan, a parte de controlar la exportación de la cocaína, tiene como objetivo tener medios de intervención muy rápidos en la región.

En Chile, la Ley Antiterror ya había sido promulgada por Pinochet en 1984. Posteriormente fue reformada parcialmente en 1991, 2002, 2003, 2005, 2010 y 2011. Ha sido direccionada principalmente contra el pueblo Mapuche que enfrenta al estado chileno en la Araucanía. También fue utilizada contra el movimiento estudiantil. Pero principalmente después del estallido de octubre del 2019, ha sido direccionada contra los luchadores sociales y hasta los simples manifestantes.

En Brasil, la Ley Antiterror fue aprobada en el mes de marzo de 2016 en el gobierno de Dilma Russeff. Básicamente retoma una buena parte de la legislación dictatorial de los Actos Institucionales de la Dictadura Militar (1964-1985) y de la Ley de Seguridad Nacional. Una serie de nuevas leyes se encuentran en proceso de aprobación para reducir aún más las libertades individuales.

En Uruguay, con la nueva LUC (Ley de Urgente Consideración), los derechos democráticos quedan todos virtualmente eliminados, mucho más allá del terrorismo.

En Perú, la legislación antiterror ya había sido promulgada por los gobiernos de Fujimori; y aún continúan vigentes.

La legislación antiterror es una evidencia más de que la “democracia” burguesa no pasa de un liviano maquillaje para encubrir una brutal dictadura.

La burguesía enfrenta la mayor crisis de su historia y dado que el capitalismo no funciona más en términos estructurales, como extraer ganancias de la apertura de fábricas y no de la especulación financiera, se ve obligada a aplicar métodos de guerra civil contra los trabajadores y los pueblos.