¿Un estallido social en Argentina?

La crisis capitalista en Argentina avanza a todo vapor rumbo al precipicio.

El ministro de Economía, Guzmán, cayó al perder el apoyo del kirchnerismo, que fue quien lo patrocinó, y del propio presidente Alberto Fernández. En su lugar entró Silvina Batakis.

Guzmán era el principal sostenedor de los acuerdos con el FMI (Fondo Monetario Internacional).

Batakis se comprometió con el “ajuste fiscal”, o sea, gastar apenas lo que haya para gastar, pero, evidentemente, después de pagar la super corrupta y nunca ni siquiera auditada deuda pública argentina.

El préstamo del FMI al gobierno de Mauricio Macri no solo fue auditado como tampoco fue ni siquiera puesto en duda. Lo mismo pasó con los más de US$ 20 mil millones que el gobierno Macri gastó en los últimos meses de su gobierno para evitar un colapso de la derecha en las últimas elecciones nacionales.

La principal pregunta que queda en el aire es: ¿quién pagará la cuenta?

Y la pregunta adquiere particular importancia cuando consideramos la enorme gravedad de la crisis.

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El dólar “blue” o paralelo llega a cotizar a $270, o más del doble del dólar oficial. Eso significa que el gobierno será obligado a desvalorizar el dólar oficial y que las importaciones se han vuelto cada vez más caras.

Las exportaciones de materias primas agrícolas generaron US$ 18,830 mil millones en el primer semestre de este año, lo que fue favorecido por el aumento de los precios en el mercado internacional. El Banco Central no consiguió estabilizar las reservas, conforme el acuerdo con el FMI, y los recursos “desaparecieron”.

En parte eso se explica por el aumento de los precios de la energía; otra por los pagos de la deuda externa, pública y de las grandes empresas.

El endeudamiento generalizado ha llevado al endeudamiento también en pesos, que ya suma US$ 12 billones. Solo hasta el mes de septiembre vencerá la cuarta parte de ese total. De esos recursos casi las tres cuartas partes están indexadas a la inflación y un problema importante es que los especuladores solo aceptan renovarlos a corto plazo.

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La derecha empuja al gobierno de Alberto Fernández a avanzar con fuerza en los ataques contra los trabajadores y las masas.

El kirchnerismo y el propio peronismo están estupefactos y no saben que hacer, a no ser medianamente sobrevivir, siguiendo de la mejor manera posible las imposiciones del imperialismo y buscando mantener una cierta brecha de autonomía.

Las tendencias abiertamente golpistas están presentes pero no se han desarrollado por causa del desgaste enorme provocado por la derrota de la Dictadura Militar (1976-1983) y la contención de las luchas de los trabajadores y de las masas.

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Si bien los trabajadores aún no han emprendido grandes luchas, empezaron a moverse lo que representa una novedad en relación al período anterior.

La burocracia sindical ha sufrido un enorme desgaste en las bases, pero se mantienen atada umbilicalmente al estado y a los patrones, fundamentalmente porque aún no han surgido oposiciones sindicales clasistas y revolucionarias.

Pero la presión de la crisis capitalista está empezando a cambiar el escenario político. Los combustibles del desarrollo de las tendencias revolucionarias se hacen presentes: inflación, carestía de la vida, desempleo, miseria, servicios públicos cada vez peores y caros.

La burocracia sindical, a servicio de la patronal, ha llegado a ignorar las paritarias (negociaciones anuales) y huelgas han estallado a partir de las bases, pasando por arriba de la burocracia, aunque sin todavía haberse convertido en huelgas salvajes. Eso pasó con los maestros de algunas provincias, como Misiones, La Rioja y San Juan. En Chubut, la huelga fue contra el aumento propuesto por el gobernador peronista de 15%.

La mayor victoria fue en San Juan. En Misiones, los maestros fueron derrotados.

Conforme la lucha de clases se va desarrollando, la burguesía busca nuevos mecanismos para echarle el peso de la crisis a los trabajadores. Estas maniobras se han vuelto más necesarias después de la derrota de Macri en el intento de imponer la reforma laboral en el año 2017.

Ahora volvieron a la política de la Dictadura de imponer negociaciones empresa por empresa para ir haciendo pasar la reforma laboral macrista en la práctica. Esto ya ha sido impuesto en empresas importantes como la Toyota (el sindicato es controlado por el peronismo), y hasta en el Sutna, del sindicato de los trabajadores del neumáticos, controlado por el FIT (Frente de Izquierda).

En el sector de la salud, las luchas se han desarrollado en varias provincias a pesar de la enorme precarización y subcontratación de los trabajadores.

Es evidente que el camino que la clase obrera precisa recorrer para actuar como un factor político decisivo en el próximo período es difícil debido a la desorganización generalizada del movimiento obrero, popular y revolucionario. Pero la situación de la burguesía, que enfrenta su mayor crisis de todos los tiempos, también lo es. Los mecanismos de control social se han debilitado mucho, en primer lugar la burocracia sindical, y difícilmente será un rival a la altura de un movimiento obrero en ascenso.