El petróleo y la crisis de las nacionalizaciones de Evo Morales

La crisis de las nacionalizaciones obligó a Evo Morales a ignorar los acuerdos establecidos para la convocatoria de la Asamblea Constituyente. 

Las oligarquías regionales se rebelaron y se declararon en huelga contra el gobierno. 

Los monopolios petroleros apoyaron a las oligarquías. 

El anuncio de que YPFB (la estatal del petróleo boliviana) pasaría a controlar el proceso comercial y de exportación de Petrobras provocó una nueva crisis internacional en la que Lula comenzó a amenazar con el colapso de las relaciones. 

Evo Morales se retractó, lo que provocó la renuncia de Andrés Soliz Rada, ministro de Hidrocarburos y artífice del programa de nacionalizaciones.

Al mismo tiempo, el gobierno violó la promesa de duplicar el salario mínimo y sólo autorizó aumentos salariales del 7%. 

Un nuevo pero importante conflicto fue el tema de la firma de un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Colombia y otros países andinos, que dejó fuera del mercado a los exportadores de soja bolivianos.

Con el 53% de los votos para la Constituyente (mismo porcentaje para la Presidencia en diciembre de 2005), el MAS quedó muy lejos de los dos tercios necesarios (170 constituyentes) para imponer reformas constitucionales sin recurrir a acuerdos con la derecha. Por lo tanto, la derecha tuvo el poder de veto. 

La exigencia de mayoría calificada para reformar la Constitución fue fruto de un acuerdo entre Evo Morales y la derecha. 

Evo Morales perdió así la capacidad de utilizar la Asamblea Constituyente como herramienta para contener la presión de las masas populares. 

Poco después, los más importantes voceros del gobierno boliviano salieron a informar que la nacionalización de los hidrocarburos promulgada cinco meses antes estaba paralizada. 

Por un lado, las auditorías no han avanzado para establecer el valor real de las inversiones realizadas por las empresas. Por otro lado, el gobierno no había levantado los fondos para pagar las acciones que darían la mayoría del capital a las empresas.

Al mismo tiempo, Bolivia administraba un préstamo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para financiar la nacionalización de hidrocarburos. La nacionalización que enfrentó Evo Morales, ajustada a los términos de la Constitución y respetando la propiedad privada, si bien fue una propiedad privada que se constituyó producto del saqueo de los bienes y reservas de YPFB, se derrumbó en sus propios términos.

El derrumbe de las nacionalizaciones de Evo Morales sería el fin de su gobierno y podría abrir espacio para una revolución social. 

Por eso, el imperialismo apretó y trató de sacarlo del gobierno. 

El capital extranjero trató de salvar las nacionalizaciones bolivianas, por lo que comenzaron a pagar los nuevos impuestos que establece la ley. 

A cambio, buscaban imponer un acuerdo de largo plazo que garantizara el control efectivo de toda la cadena del proceso productivo, por ejemplo, nombrando ministros y funcionarios de mutuo acuerdo o estableciendo las medidas regulatorias que les convenía. 

La incapacidad del gobierno de Evo Morales para llevar a cabo la “nacionalización” de los hidrocarburos hasta el final, en sus propios términos, obligó a los monopolios petroleros a acudir en auxilio de esta “nacionalización” para evitar el derrumbe del gobierno del MAS y la posibilidad de que este colapso desencadenara una nueva situación revolucionaria.

Los acuerdos firmados en 2006 por el gobierno con todos los monopolios fueron bien recibidos por todos los círculos capitalistas. 

En virtud de estos acuerdos, se canceló cualquier reparación o compensación por las irregularidades de todo tipo cometidas en la suscripción de los contratos originales, caracterizados por una virtual transferencia gratuita de depósitos y activos pertenecientes a YPF de Bolivia. 

Estas estafas involucraron, en particular, a Repsol, Amoco, Enron y Shell. YPFB no posee la mayoría de las acciones de los negocios conjuntos. 

Los contratos renegociados reconocen a los monopolios áreas exclusivas de operación, derechos de exploración y explotación exclusiva (hasta 30 años), lo que les permite asumir el riesgo geológico y de mercado y, en consecuencia, los ingresos de la exploración petrolera. 

Estas atribuciones transformaron los nuevos contratos en “contratos de producción compartida”, similares a los vigentes bajo el antiguo régimen. Así, la YPFB puede vincularse a la tenencia después de declarar que un depósito es “negociable”.

Los monopolios petroleros mantuvieron áreas exclusivas de exploración y operación durante un período prolongado y pudieron registrar reservas en sus balances. Obtuvieron reconocimiento por las inversiones que afirmaron haber realizado. 

YPFB se asoció en forma minoritaria en los campos en operación. En otras palabras, la propiedad, posesión y control efectivo de los hidrocarburos quedó en manos de los monopolios. 

La única diferencia fue la mayor carga fiscal que las empresas petroleras acordaron pagar al Estado boliviano.

El gobierno del MAS no nacionalizó nada, pero aceptó un compromiso propuesto por las petroleras. 

El imperialismo sacó a Evo Morales de la encrucijada de optar por la expropiación efectiva de los monopolios, que el MAS de ninguna manera quería por los riesgos que se podían presentar en relación con el control de las masas, que alternativamente desembocaría en un levantamiento popular o la caída del gobierno.

La bandera de los obreros y campesinos, para superar los límites del nacionalismo pequeñoburgués, es luchar por la nacionalización efectiva sin compensación por los hidrocarburos. Los trabajadores deben controlar la industria, la minería y los hidrocarburos, principalmente ahora en que el litio también se transformó en uno de los componentes importantes de la economía boliviana.