El gobierno de Evo y la derecha acordaron una Constitución “domesticada”

En 2007, la derecha boliviana lanzó una campaña de provocaciones contra el gobierno de Evo Morales y el movimiento popular, preparando las condiciones para la guerra civil, cuyo objetivo eran los trabajadores y campesinos. 

De esta manera impusieron la parálisis de la Asamblea Constituyente. 

El punto muerto en el que cayó la constituyente fue la consecuencia inevitable de los pactos entre el MAS de Evo Morales y Podemos. 

Acordaron que la Constitución y cada uno de sus artículos deben ser aprobados por las dos terceras partes de los constituyentes. 

De inmediato acordaron un sistema electoral que garantizaba que ningún partido pudiera ganar las dos terceras partes de la Asamblea Constituyente. 

Estos acuerdos dieron a la derecha un poder de veto sobre la Constitución. 

Los partidos de la oligarquía lo usaron para paralizar la Asamblea Constituyente y hacer agitación contrarrevolucionaria.

Ante la agitación contrarrevolucionaria, se desarrolló una enorme movilización obrera y campesina para derrotar el golpe de Estado en curso contra la Asamblea Constituyente. 

Las organizaciones sociales lanzaron una consigna para sacar del pantano a la Constituyente: que se instale de inmediato en otro departamento, lejos de las presiones de las bandas de la oligarquía. 

Que la Asamblea Constituyente reabra sesiones en La Paz, ante la presión de las organizaciones populares.

La movilización popular impuso un movimiento retrógrado de la derecha, que empezó a reclamar una tregua política y un “pacto social”. 

El MAS trabajó rápidamente para aprobar una nueva Constitución y así evitar que las deliberaciones dieran lugar a la intervención popular. 

La nueva Constitución no contenía un solo punto que amenazara el dominio social de la oligarquía y los buitres internacionales. 

La Ley de Tierras estableció un límite a la extensión de la propiedad, pero no impide que los oligarcas dividan la tierra para ocultar la existencia de latifundios y evitar el pago de impuestos.

La tendencia de Evo Morales a comprometerse con la derecha en relación a la Asamblea Constituyente se profundizó tras el golpe de Estado y las revueltas secesionistas de 2008, que fueron aplastadas por la enorme movilización popular. 

De esa situación terminal, en la práctica, la derecha fue rescatada por Evo Morales. 

El gobierno retiró a las masas victoriosas que bloqueaban Santa Cruz e impidió la liquidación política de las organizaciones fascistas. 

Así Evo salvó a la derecha a través del acuerdo que culminó con la aprobación parlamentaria (en el antiguo parlamento, no en la Constituyente), el 28 de octubre, de otra Constitución, distinta a la que había dejado la Asamblea en Oruro. 

Fue un acuerdo ilegítimo e ilegal, ya que el Congreso tomó poderes que desconocieron la voluntad soberana de la Asamblea.

Desde este punto de vista, la Constitución votada el 25 de enero fue una imposición de la derecha y, al mismo tiempo, un acuerdo del gobierno del MAS. 

La Constitución tiene artículos que se oponen abiertamente a los trabajadores. 

El artículo 351, dedicado a los recursos naturales, los deja en manos de “empresas mixtas”, es decir, de capital privado con participación del Estado.

En suma, la legalidad constitucional está dada por el estado de cosas que llevó al pueblo de Bolivia a dos insurrecciones. 

El artículo 394, sobre la “propiedad agraria individual”, dice: “Se garantizan los derechos legalmente adquiridos por los terratenientes cuyas propiedades estén ubicadas en territorios indígenas campesinos”. 

Por lo tanto, la expropiación de tierras indígenas es ahora un derecho constitucional, avalado y firmado por un gobierno “indigenista”. 

En 500 años de colonización y por primera vez en la historia de América Latina, un texto constitucional reconoce los “derechos adquiridos” que reclaman explícitamente los usurpadores de los territorios indígenas.