En Bolivia los hidrocarburos y los minerales siguen siendo propiedad de los grandes capitales

En marzo de 2006, mediante un pacto con la oligarquía cruceña, Evo Morales convocó a una Asamblea Constituyente. A partir de un pacto con la oligarquía, Evo dirigió las reglas de funcionamiento de la constituyente (que establecía la necesidad de una mayoría de dos tercios para la aprobación de reformas) y el sistema electoral (que aseguraba que ninguno de los partidos pudiera, por sí solo, obtener una mayoría decisiva). Así, se convocaron referéndums autonómicos en los nueve departamentos. 

La oligarquía planteó el reclamo autonómico para dotarse de los instrumentos políticos necesarios para boicotear la política de nacionalización de los hidrocarburos (los principales yacimientos están en los departamentos que domina) y, sobre todo, para liquidar los reclamos de los campesinos sin tierra en sus departamentos. (los más ricos del sector agrícola).

La irresolución de los enfrentamientos con las petroleras llevó a Evo Morales al decreto de nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo, que fijó como fecha límite la asociación de las petroleras con YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) para formar parte de las nuevas sociedades. 

El Estado confiscó las acciones de los fondos de retiro que ya poseían las empresas petroleras, pero no hubo expropiación. 

La exploración continuó en manos de petroleras extranjeras y ni siquiera recuperaron los activos de YPFB, que habían sido confiscados al momento de la privatización, por las condiciones leoninas con que fueron entregados a Repsol, Total, British Petroleum y Chevron.

La estatización de Evo Morales transformó los contratos de privatización y concesión en contratos de operación, donde las empresas petroleras trabajan por cuenta de la empresa tributaria YPFB. 

El decreto estipulaba una distribución de las utilidades y rentas del petróleo del 82% y 18% a favor del Estado. Para ello se estableció una modificación del régimen tributario, pero sobre todo una participación mayoritaria de YPFB en el capital de las sociedades. Sin embargo, el débil Estado boliviano carecía de los fondos necesarios y del poder de arbitraje para imponer esta salida a los monopolios petroleros.

El gobierno de Evo Morales no solo buscó cobrar mayores impuestos, sino que también estableció un “precio fiscal” a los combustibles, para combatir las maniobras de subfacturación. También anunció una modificación legal que permitiría al Estado definir los compromisos de inversión de las empresas. 

Los monopolios petroleros rechazaron el intento “estatista” de redistribuir los ingresos petroleros y paralizaron por completo las inversiones antes de que se aprobara el decreto. Repsol ha vuelto a anunciar su objetivo de exportar gas licuado desde sus yacimientos en Perú. El presidente del “movimiento cívico” de Santa Cruz de la Sierra, Germán Antelo, apoyó abiertamente los reclamos de los monopolios petroleros.

Las elecciones a la Asamblea Constituyente significaron una derrota política para Evo Morales porque, a pesar de haber obtenido la mayoría, se quedó lejos de los dos tercios necesarios para imponer su programa nacionalizador. Cuando se reunió la Asamblea Constituyente en septiembre, el propio gobierno había hecho pública la crisis en la que había entrado su enfoque nacionalista, producto de la resistencia de las empresas petroleras y la falta de recursos políticos y financieros del propio Estado para imponer su programa.