Colombia: el Estado narcoparamilitar por excelencia busca condenar voceros de la paz

Colombia: el Estado narcoparamilitar por excelencia busca condenar voceros de la paz

Urgente, Colombia retrocede y fiscalia niega la "paz total". Los "voceros de paz" volverán a ser perseguidos y los luchadores sociales serán criminalizados

Esta noticia puede sonar poco relevante si no entendemos el contexto mundial en el que se desarrolla y el proceso específico que se lleva adelante en Colombia en torno a la lucha “por la paz”. 

Para contextualizar, el cuatro de noviembre del 2022 bajo la Ley 2272, salió a la luz el entramado jurídico que reconoce a los “voceros de la paz”, denominada “Ley de la Paz total”. 

Según el Artículo 5to de la ley ya mencionada, los “voceros de la paz” se reconocen como: aquellos integrantes de organizaciones sociales y humanitarias privados de la libertad, elegidos por el ejecutivo para contribuir al correcto desarrollo del proceso de paz y a la solución de la conflictividad social, ofreciendo la posibilidad de suspender las órdenes de captura impuestas en el marco de sus proceso penales. 

Debemos recordar que este fue uno de los ejes principales de la campaña que llevó a la elección del gobierno del Presidente Gustavo Petro, llamada “paz total”, esta propuesta involucra a las comunidades afectadas en las negociaciones, suponía garantizar la protección de los civiles.

Se han desarrollado otros decretos que ayudan a regular e implementar este proceso de “paz total” como lo es el Decreto 2422 del 2022, que crea la “Comisión lntersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana.”

Colombia históricamente se ha visto envuelta en conflictos entre el Estado y grupos armados, donde los trabajadores y la ciudadanía en general son los que se llevan la mala pasada, mientras que el propio Estado Colombiano se transformó en un Estado narcoparamilitar que desde la institucionalidad abre paso a la violencia como método principal y ha dejado por varias décadas miles de víctimas, y el sometimiento de la justicia. 

“Cualquier historia tiene más de una narrativa; la mía sobre la historia de Colombia busca llamar la atención general sobre el sistema paramilitar cómo metodología de los gobiernos para legitimar una Institucionalidad que acentúa las brechas sociales generando violencias que se desatan en las dinámicas sociales presentes en los territorios” (material completo Aquí)

La propuesta incluye además a las comunidades afectadas en las negociaciones, así como promueve un modelo de convivencia pacífica. Busca incluso garantizar la protección de los civiles.

Ahora bien, es necesario aclarar que esta política de guerra se ha llevado al pueblo organizado y movilizado, ya que durante las protestas del Paro Nacional el Estado aprisionó a jóvenes que nada tenían que ver con bandas criminales y más bien lo que estaban realizando era hacer uso legítimo de su derecho a la protesta. 

Asi que una vez más se hizo uso de la vieja película del combate contra el “terrorismo” para tachar de subversivos, violentos y criminales a grupos e individualidades movilizadas contra el sistema y los gobiernos al servicio de una minoría. 

Por ejemplo, los siete primeros voceros fueron Arles Andrés Bolaños Zemanate, Adriana Esperanza Bermeo Súa, Santiago Márquez Charris, Laura Camila Ramírez Enciso, Juan Sebastián Galeano Correa, Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremmen Hinestroza, todos detenidos durante las protestas del paro nacional; estos nombres pertenecen a estudiantes, mujeres, indigenistas,campesinos y animalistas, no a pandilleros.

El 16 de diciembre de 2022, afirmaban “Analizamos más de 200 perfiles, 200 hojas de vida de personas que están privadas de la libertad por hechos relacionados con la protesta social, miramos que pudiera tener utilidad para esos efectos que nos habíamos propuesto, verificamos que formarán parte de alguna organización social”. – Ministro Osuna en declaraciones.

Cuidado, no confundir Gestores de Paz con Voceros de Paz. 

Hasta ahí todo parecía “cumplir”, aunque sea en parte, con las promesas. Pero, hoy en pleno primero de diciembre del 2023, La paz total es solo una promesa que se esfuma en los vientos de la reaccionarización del sistema capitalista. 

¿Pero, qué pasa con el fallo de la Corte Constitucional que  BUSCA CONDENAR A VOCEROS DE LA PAZ?

La Corte Constitucional  condiciona, y bajó algunos de los apartados de la Ley de “paz total”; bajo ese contexto la Fiscalía General de la Nación anunció que solicitará órdenes de captura contra algunas de las personas que fueron liberadas bajo la figura de “voceros de paz” lo que constituyen la apertura a la criminalización y la vuelta de la persecución hacia los luchadores sociales y no hacia las bandas paramilitares como lo pueden ser el FNL. 

Supuestamente, con el pretexto de que algunos de los artículos serían inconstitucionales. 

A través de las palabras del propio tribunal: “Se admitirá como voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el Presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad” (..) “y se encuentren en privación de libertad, es la de que tal disposición permitiría al presidente de la República solicitar la excarcelación de estos voceros de organizaciones sociales y humanitarias”. (…) “Dicha interpretación se desprende de la aplicación del principio del efecto útil de la norma y ha generado como consecuencia jurídica la excarcelación de dichos voceros por fuera de las causales de régimen de libertades de la ley penal ordinaria. En consecuencia, la Corte analizó dicha interpretación a la luz del principio de separación de poderes y de los derechos de las víctimas, de acuerdo con los cargos formulados por la demanda, y concluyó que esta desconoce las reservas legal y judicial en materia penal, lo cual, a su vez, vulnera los derechos de las víctimas”.

Es decir, la Corte clasifica que el jefe de estado no tiene la facultad de dictar excarcelaciones, y que todos los chicos que son clasificados como “primeras líneas”, así como pobladores, campesinos, ambientalistas, luchadores sociales,etc, que se encuentren en prisión, no podrán ser liberados. 

Pero cuidado, los propios miembros del gobierno como lo es el ministro Néstor Osuna (Ministro de Justicia y del Derecho de Colombia), han declarado aceptar la posición de la Corte sin medias tintas. En sus palabras “Pese a que yo considero que si hay una situación injusta con el encarcelamiento tan prolongado de personas que participaron en la protesta social, reconocemos que probablemente esa no era la vía. Y ahora que hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional, pues lo acatamos”, refiriéndose a esas excarcelaciones de jóvenes que participaron en el paro de 2021.

Es decir, se sabe que las prisiones son administrativas, prolongadas, sin juicios justos, y que son la criminalización de la protesta, la cual es un derecho consagrado. Además, hasta el momento solo se sabe que las recapturas se centran en los presos políticos del paro nacional de 2021, no se sabe si la medida llegará a cubrir a grupos armados… los cuales deberían ser, en primera instancia, los puntos de atención del Estado Colombiano. ¿Cierto? 

En el mundo hoy nos vemos envueltos de la muestra más “palpable” de que este sistema se aferra a la idea vacía de la democracia cuando le conviene,  cuando la crisis lo aprieta, las movilizaciones comienzan a verse en la escena (los luchadores sociales por los derechos humanos, justicia social, no repetición, educación, salud, pensiones, medioambiente, nacionalizaciones y el alto a la subordinación de los capitales extranjeros) y comienza a hacer presión de los pueblos oprimidos a través de su legítimo derecho como ciudadanos sobre los cuales se supone reside la soberanía; ellos se preparan a través de más represión, más sometimiento, más criminalización y un cierre total de las pocas libertades democráticas burguesas que quedan. 

El «suceso» de Colombia hace parte de este esquema mundial donde vemos la continuación de la guerra contra el Pueblo palestino apoyada por las principales potencias para continuar vendiendo armamento. O el aumento de las leyes represivas en Chile y Perú, así como la “vuelta de la derecha” en el Continente.

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