ENTREVISTA: Desafíos Políticos en Perú, La Lucha del FUDEPP por la Participación

ENTREVISTA: Desafíos Políticos en Perú, La Lucha del FUDEPP por la Participación

La entrevistada expresa su experiencia como miembro del Frente Unidad y Defensa del Pueblo Peruano (FUDEPP), donde participó activamente en el proceso de inscripción del partido político FUDEPP ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

La entrevista se centra en la importancia de la participación política y los desafíos que enfrentan algunas organizaciones en Perú. La entrevistada expresa su experiencia como miembro del Frente Unidad y Defensa del Pueblo Peruano (FUDEPP), donde participó activamente en el proceso de inscripción del partido político FUDEPP ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Destaca que parte de su lucha ha sido por el reconocimiento y la legitimidad de su organización para poder ejercer su derecho a participar en la vida política del país.

Sin embargo, la inscripción del FUDEPP fue obstaculizada debido a las leyes que impiden la participación política de personas sentenciadas por delitos de terrorismo. La entrevistada menciona que esta situación refleja una falta de respeto hacia todos los ciudadanos, ya que, en teoría, todos aquellos que poseen documento de identificación deberían poder participar políticamente. Además, señala que el FUDEPP fue estigmatizado y asociado con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), lo que dificultó aún más su inscripción y participación política.

La segunda parte de la entrevista profundiza en las leyes que han limitado diversos derechos en Perú, como el derecho a la participación política y al trabajo. La entrevistada destaca la ley que prohíbe la participación de procesados y sentenciados por delitos de terrorismo en el ámbito estatal o privado, como una de las muchas medidas que han restringido los derechos ciudadanos, basándose en una estigmatización de aquellos considerados como terroristas o subversivos.

La entrevistada argumenta que esta estigmatización refleja una falta de democratización en la sociedad peruana y la necesidad de una verdadera democracia, así como la urgencia de una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente. Además, resalta la negación de derechos fundamentales, como la estabilidad laboral y el acceso irrestricto al trabajo y la salud, como evidencia de la situación actual.

En cuanto a los planteamientos del FUDEPP, el entrevistado menciona tres grandes banderas: la democratización de la sociedad peruana, la necesidad de una nueva Constitución y la solución de los problemas derivados de la guerra interna. Destaca la inadecuación de la ley antisubversiva, que continúa vigente más de 30 años después del fin de la guerra interna, y su uso para criminalizar y perseguir a personas con diferentes perspectivas ideológicas.

En esta parte de la entrevista, se aborda el caso del expresidente Pedro Castillo como un ejemplo destacado de la campaña de negación que se despliega cuando un sector no está de acuerdo con una figura política. Se menciona que este fenómeno no es nuevo y que refleja una tendencia en Perú de negar el derecho constitucional de participación política a todos los ciudadanos.

La entrevistada expresa preocupación por la situación del país, resaltando que incluso dentro de su propia organización se les ha negado la posibilidad de participar políticamente. Se destaca el esfuerzo del FUDEPP por inscribirse como partido político, cumpliendo con los requisitos establecidos y planteando propuestas relacionadas con la salud, educación, trabajo y la necesidad de una nueva Constitución.

Se enfatiza que lo que está ocurriendo con el FUDEPP es representativo de un problema más amplio en Perú, donde se limita la capacidad de formar nuevas organizaciones políticas que representen diferentes perspectivas y no estén alineadas con los partidos tradicionales. 

Se subraya la intención del FUDEPP de ofrecer una alternativa diferente a las opciones políticas existentes, consideradas como parte del mismo sistema establecido.

En esta última parte de la entrevista, se destaca la situación alarmante en Perú donde, a pesar de la existencia de diferentes partidos políticos, se observa una homogeneidad en cuanto a las propuestas y la representación política. Se señala que la creación de un partido nuevo y diferente no solo se ve obstaculizada, sino que también conlleva persecución por parte de ciertos sectores.

Se resalta un caso particular de injusticia donde, a pesar de no estar sentenciada por ningún delito, a la entrevistada se le está negando el derecho al trabajo. 

Esta situación se percibe como grave, ya que se está utilizando la prensa tradicional como herramienta para difamar y estigmatizar a personas que no están de acuerdo con el status quo político.

La entrevistada expresa su agradecimiento por las observaciones realizadas durante la entrevista y subraya la importancia de denunciar estas injusticias ante la opinión pública. 

Además, comparte su experiencia personal de estigmatización y persecución, destacando cómo esto afecta su capacidad para conseguir empleo y su integración en la sociedad.

En última instancia, se enfatiza la necesidad de eventos como este para exponer y denunciar públicamente estas situaciones de injusticia, con la esperanza de generar conciencia y un cambio en la percepción pública sobre estos temas.

La nueva participante amplía la descripción de las condiciones de hacinamiento en la cárcel, donde tres presas compartían una misma celda, independientemente del delito por el que estuvieran detenidas. Destaca que, debido a estas condiciones, varias personas fallecieron a causa del COVID-19 antes de su detención.

En relación con su propio caso, la participante menciona que ha sido sentenciada por el delito de terrorismo, aunque se identifica como una luchadora social. 

Critica la actitud del Estado peruano, que en lugar de abordar los conflictos internos políticamente, ha optado por perseguir a quienes han sido sentenciados por este delito. Además, denuncia las declaraciones hechas en un programa de televisión donde se sugiere que todos los que han cumplido su condena por delitos de terrorismo siguen siendo considerados terroristas, lo que, según ella, refleja una política de persecución abierta por parte del gobierno.

La participante concluye resaltando el estigma y la falta de garantías en los juicios de quienes son sentenciados por delitos de terrorismo, y anticipa que otros compañeros presentarán más detalles sobre este tema durante la entrevista.

La participante expone una serie de injusticias y limitaciones impuestas a quienes han sido procesados o sentenciados por delitos de terrorismo en Perú. 

Señala que estas restricciones van más allá de la prisión, ya que se les niega el acceso a la educación universitaria y se les impide trabajar en el sector educativo y en el servicio público en general. 

Denuncia una ley nefasta que incluso prohíbe trabajar como barrendero en un colegio, lo que considera una medida excesiva y discriminatoria.

Además, destaca que el gobierno está ampliando estas restricciones, anunciando públicamente que se negará empleo a todos los profesores procesados o sentenciados por delitos de terrorismo. 

Esto, según ella, crea un clima de temor y estigmatización que afecta a todos los que están en esta situación.

La participante critica la aplicación de leyes internacionales que considera inconstitucionales, especialmente en lo que respecta al derecho a una nueva Constitución y la posibilidad de una amnistía general para civiles, policías y militares involucrados en conflictos internos. 

Argumenta que los sentenciados por terrorismo son tratados como no ciudadanos, privados de sus derechos fundamentales y constitucionales, como la libertad de expresión y opinión.

La participante caracteriza al Estado peruano como un Estado policial, explotador y represor, señalando el peligro que esto representa para el futuro. 

Expone un caso en el que a un familiar de una víctima se le preguntó si su hijo era terrorista, insinuando que el estigma de terrorista se utiliza para justificar la represión y el genocidio, incluso en ausencia de la pena de muerte en el país.

Ella señala que las leyes recientes tienen un tono represivo, utilizando el pretexto de combatir la inseguridad ciudadana para reprimir la protesta popular, lo que refleja el uso del derecho penal del enemigo. 

Menciona el caso de una profesora denunciada por colaborar, destacando cómo la colaboración económica ahora se considera financiamiento al terrorismo.

La participante enfatiza el plan multisectorial nacional contra el terrorismo, que criminaliza cualquier forma de movilización pacífica, y menciona el caso Perseo como un ejemplo de persecución a sentenciados políticos, con penas que van desde los 20 años hasta la cadena perpetua.

La participante reflexiona sobre el reciente revuelo que ha causado entre los peruanos, tanto en el país como en el extranjero, la situación que están enfrentando. Sin embargo, señala que esto no debería ser una sorpresa, ya que la persecución y la represión han estado ocurriendo durante algún tiempo. 

Compara esta situación con la persecución que sufrieron figuras históricas como Micaela Bastidas y Túpac Amaru II, destacando la gravedad del problema.

Ella menciona que, aunque la situación se ha extendido y se ha intensificado recientemente, el objetivo principal sigue siendo silenciar a cualquier voz disidente y asegurar que nadie se atreva a desafiar el poder establecido. 

Señala la ironía de que se criminalice la demanda de una nueva Constitución, un derecho constitucional básico, y cuestiona por qué plantear una nueva Constitución se considera un delito tan grave.

Además, destaca la hipocresía de aquellos que se oponen a la defensa de los derechos constitucionales, recordando que la Constitución del 93 fue redactada por un congreso de tendencia ultraderechista después de un golpe de estado. 

Sin embargo, lamenta que esta misma Constitución no se respete en la práctica, especialmente en lo que respecta a la discriminación por motivos de ideas.

La participante enfatiza la importancia de solidarizarse con la situación que están enfrentando en Perú y destaca la preocupación por cómo se utiliza el pretexto del terrorismo para abordar el problema de la delincuencia, señalando que al Estado no le preocupa realmente este último. 

Afirma que detrás de esto está la intención de mantener una política «neoliberal» que beneficie a los grupos de poder, sin importar el desarrollo del país.

Ella critica el modelo económico actual que favorece la exportación de materias primas y el aumento de precios de los productos básicos, como el gas licuado de petróleo, a pesar de que Perú produce una cantidad significativa de este recurso. Destaca que quienes se benefician de esta situación son los grupos de poder, quienes no quieren que la situación cambie.

Menciona que aunque el Congreso ha realizado cambios en la Constitución, la esencia de la explotación y la pobreza persiste, y enfatiza la necesidad de que la gente se una para exigir un cambio real en beneficio del pueblo.

La participante describe la situación crítica en la que se encuentran los niños malnutridos y las enfermedades endémicas en Perú, atribuyendo estas dificultades a la negación de derechos fundamentales como el acceso a la salud, la educación y el bienestar del pueblo. 

Señala que, aunque el Congreso ha realizado numerosas modificaciones a la Constitución, no ha abordado los problemas económicos estructurales del país.

Critica la hipocresía de aquellos que denuncian como terroristas a quienes demandan cambios reales en la sociedad, mientras apoyan las modificaciones constitucionales que benefician a los mismos grupos de poder que mantienen al pueblo en la miseria. 

Destaca la ironía de que quienes promueven el actual modelo económico son los mismos que denuncian a quienes proponen soluciones como la producción nacional.

La participante hace hincapié en la urgencia de abordar la situación del desempleo y la informalidad laboral, así como la crisis en el sistema de salud y educación. Invita a una discusión más profunda sobre la producción nacional y la necesidad de una nueva Constitución que realmente beneficie al pueblo peruano.

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