«Una feroz cacería»: 20 años de la masacre de Avellaneda

Publicación Original en Estación Finlandia

Las cuatro fuerzas de seguridad (la Bonaerense, la Federal, Prefectura y Gendarmería) participaron aquella helada mañana del 26 de junio del operativo represivo que tenía por objetivo impedir el paso de las columnas piqueteras a CABA, y escarmentar al pueblo trabajador movilizado. Con balas de goma y gases lacrimógenos que dejaron más de 40 heridos, cortaron el paso de la marcha, y detuvieron a más de 200 manifestantes. Cuando las columnas desconcentraban, comenzaron los disparos con balas de plomo. Maxi Kosteki cayó alcanzado por las balas asesinas en el hall de la estación Avellaneda. En un gesto de revolucionario íntegro, el dirigente del MTD Darío Santillán no dudó en volver a socorrerlo para caer él también a manos de los lacayos salvajes de la burgues.

“Dí orden que no pasaran para Capital Federal. Fue una cuestión de orden, porque la gente no puede hacer lo que quiere. Lo que no significa que hay que matarlas. Simplemente no hay que dejarlas pasar”, dice el ex presidente Eduardo Duhalde en el mediocre documental Diciembre, de Alejandro Bercovich y Patricio Escobar.

La declaración de Duhalde equivale a tal punto a una confesión de parte sobre la responsabilidad política en los asesinatos de Darío y Maxi que fue incorporada como prueba por la querella que encabeza la abogada de Alberto, papá de Darío, Paula Alvarado Mamani, al expediente judicial que duerme el sueño de los justos en el juzgado federal de Ariel Lijo.

Duhalde había llegado a la presidencia de la Nación como resultado de una conspiración que había comenzado a pergeñarse bastante tiempo atrás, cuando Techint comenzó a chocar con la persistencia del plan de convertibilidad y encontró en el ex intendente lomense, ex vicepresidente de Carlos Menem y hasta 1999, gobernador de la provincia de Buenos Aires, un vocero industrialista.

De la conspiración burguesa, que promovía un recambio constitucional para poner fin a la prolongación del 1 a 1 que defendían a rajatabla Fernando de la Rúa y su ministro de Economía desde marzo de 2001, el tristemente célebre Domingo Cavallo, participaban también la CGT, el alfonsinismo y la Iglesia, con un activísimo protagonismo del actual Papa Francisco y por entonces Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio.

El 19 de diciembre de 2001, en la sede de Cáritas Argentina, los conspiradores dieron el ultimátum a De la Rúa, en una reunión en la que le exigieron la renuncia de Cavallo. De la Rúa, además de negarse a entregar al superministro, se lanzó a cortar mediante la represión el clima de rebelión que combinaba las movilizaciones del movimiento piquetero, las protestas de las capas medias contra la confiscación de los depósitos y los saqueos que habían empezado en los días previos.

La promulgación del estado de sitio provocó, ese 19 por la noche, la movilizació´n de la pequeña burguesía de CABA, y De la Rúa debió dar marcha atrás. Sobre esa base, las franjas más combativas de la clase trabajadora del conurbano se lanzaron a la acción decisiva del 20 de diciembre, que el gobierno de la Alianza intentó derrotar desatando una serie planificada de asesinatos policiales de manifestantes. Cuando la movilización se sostuvo a pesar de la masacre, a De la Rúa no le quedó más recurso que la renuncia y el helicóptero.

Duhalde al poder

La conspiración burguesa entonces se apoyó en la victoria de la rebelión popular para depositar en Duhalde, tras el fallido mandato semanal de Alberto Rodríguez Saa, la función de reorganizar la economía sobre la base de los intereses de los grandes grupos industriales nacionales, y de estabilizar la situación política mediante la cancelación del ciclo rebelde que se abría paso en las calles. Pero la rebelión se desarrollaría según sus propias leyes, como expresión de las necesidades de las clases y capas sociales que la habían hecho triunfar.

Por un lado, y expresión principalmente de la pequeña burguesía, en las grandes ciudades se organizaron las masivas asambleas populares que representaron un factor fundamental por lo menos durante todo el 2002. Por el otro, el movimiento piquetero, expresión de las franjas más explotadas de la clase obrera, se desarrollaba en la perspectiva de la unidad con los trabajadores ocupados. Pero, con una clase obrera diezmada y debilitada por la desocupación, el control de la burocracia sindical sobre el movimiento obrero no pudo ser desafiado.

El movimiento piquetero, en esas condiciones, tuvo el mérito de fijarse tareas y programas que hoy, en perspectiva, probablemente no estaba entonces en condiciones de cumplir. La solidaridad de las capas medias organizadas en las asambleas nunca terminó de plasmarse en resultados prácticos, y se fue disolviendo al ritmo en que sus diferentes franjas encontraron salidas económicas a la confiscación de sus ahorros.

Además, dentro del movimiento piquetero primaba la idea falsa de que la burguesía nacional sería incapaz de chocar con el imperialismo para encontrar una salida propia y estabilizar la situación política sobre la base de una reactivación apoyada en la fenomenal desvalorización del salario producida por la salida de la convertibilidad y el provisorio cese del pago de la deuda externa a los acreedores privados.

De modo que el movimiento piquetero, aunque masivo y poderoso, se hallaba relativamente aislado. Fue en esas condiciones que el gobierno duhaldista decidió «hacer tronar el escarmiento» y reprimir sin miramientos la marcha del 26 de junio. La masacre puso en crisis final al gobierno de Duhalde, lo obligó a convocar a elecciones anticipadas, pero también reveló las carencias políticas del movimiento de desocupados y abrió el camino a la cooptación de importantes franjas suyas, condición sine qua non para sentar las bases de la salida política burguesa que representaría, a partir de un año después, el kirchnerismo.

Impunidad

La confesión de Duhalde recogida en el documental de Bercovich y Escobar no hace más que confirmar lo que ya resultaba evidente: que hubo una decisión política de matar, del mismo modo que De la Rúa en diciembre del 2001, para poner fin al ciclo movilizado.

Los asesinatos en la Estación Avellaneda, presumiendo la inexistencia de testigos, son una prueba del carácter impune de la acción policial del comisario Alfredo Fanchiotti y del cabo Alejandro Acosta. Sabían que detrás de ellos había una decisión política que los protegía. ¿Hubiesen matado impunemente sin una orden de arriba, sin una señal abierta del poder político, cómo las que circularon, en días previos, en boca del propio Duhalde, del jefe de Gabinete Alfredo Atanasof, del ministro Juan José Álvarez, del secretario general de la Presidencia Aníbal Fernández o del gobernador Felipe Solá?

Después de la masacre, Solá y Fernández fueron la cara visible del operativo que apuntaba a consagrar la impunidad y a imponer la tesis de que «los piqueteros se mataron entre ellos». Pero la documentación fotográfica de la masacre policial por parte de los fotógrafos Sergio Kowalewski y Pepe Mateos, volteó la fraudulenta coartada oficial. «Los que deben custodiar el orden son los que han llevado a cabo esta atroz cacería», dijo entonces Duhalde, el jefe de los cazadores. «La policía me mintió», alcanzó a balbucear Solá…

Pero la causa original, cuya instrucción quedó en manos de la jueza Marisa Salvo y el fiscal Juan José González, nunca fue más allá de las responsabilidades policiales. Fanchiotti y Acosta, autores materiales, fueron condenados a cadena perpetua, pero las condenas a los demás policías fueron definitivamente ridículas: el comisario Félix Vega y los principales Carlos Quevedo y Mario De la Fuente fueron sentenciados a cuatro años de prisión por encubrimiento agravado, una figura que prevé penas de 12 años. El oficial Gastón Sierra y el cabo Lorenzo Colman, fueron condenados a tres y dos años respectivamente, y el ex policía Celestino Robledo a 10 meses, y no fueron a prisión. Apenas se iniciaron causas a Carlos Soria (jefe de la SIDE y padre del actual ministro de Justicia Martín Soria) y su vicejefe Oscar Rodríguez, y al ministro de Justicia radical Jorge Vanossi, por falso testimonio.

La causa actual por las responsabilidades políticas que tramita en el juzgado federal de Lijo fue impulsada por los familiares de Darío y Maxi. En 2010, Lijo cerró el expediente, que sólo se reactivó cuando declaró como testigo Norita Cortiñas en 2014, señalando que «El día después de la masacre nos comunicamos con el gobernador Felipe Solá y nos dijo que se trataba de un enfrentamiento entre piqueteros».

A pesar de haber admitido su responsabilidad política, y por lo tanto, su carácter de máximo responsable de los asesinatos, a Lijo todavía no se le ocurrió llamar a Duhalde a declarar.