Campo de Prisioneros Pisagua: Otra masacre de la dictadura empresarial-militar

Campo de Prisioneros Pisagua: Otra masacre de la dictadura empresarial-militar

La Cárcel de Pisagua como lugar de detención de prisioneros de guerra,  se remonta desde fines del siglo 19 durante la Guerra del Pacífico. No hay olvido ni perdón y nadie será olvidado.

Después del golpe empresarial-militar

El 18 de septiembre de 1973 desembarcaron del mercante Maipo una cincuentena de presos detenidos en los días después del golpe en Valparaíso

El recinto de tres pisos, llegó a superar su capacidad con aproximadamente 500 prisioneros trasladados desde el Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique, desde diferentes Comisarías de la Región de Tarapacá, además a los de Valparaíso.

Las mujeres fueron agrupadas en el viejo teatro. Llegaban a las 30 personas, las que fueron encerradas en celdas de cuatro por diez metros.

El recinto fue comandado por el teniente coronel Ramón Larraín y el Capitán Benavides. A partir del golpe, el General Carlos Forestier Haensen fue jefe de la Zona en Estado de Sitio de la Provincia de Tarapacá y comandante en jefe de la Sexta División de Ejército, con autoridad máxima sobre los sucesos en el Campo de Prisioneros de Pisagua.

Los sobrevivientes, afirman la brutalidad vivida por los prisioneros, la violencia y crueldad ejercida por el comandante Larraín- afirma un ex preso- era producto del «odio irracional hacia todos los que estábamos allí.»

Los Consejos de Guerra

En Pisagua se constituyeron tres Consejos de Guerra, además del que el Informe de Verdad y Reconciliación denomina el «ilegal y supuesto Consejo conocido solamente por los Bandos del 11 y 12 de octubre de 1973.» En total estos Consejos de Guerra procesaron a 147 personas.

En Pisagua comparte con los demás Consejos de Guerra de la época, un funcionamiento fuera de toda legalidad, sin respetar los derechos mínimos de los acusados ni el debido proceso.

Entre el 29 de septiembre de 1973 y junio de 1974, fueron ejecutadas 26 personas, detenidos en el Campo de Prisioneros de Pisagua.

El 2 de junio de 1990, se descubre una fosa en la localidad de Pisagua, donde se logró establecer que los prisioneros nunca intentaron huir, sino que fueron obligados a correr mientras un grupo de militares les disparaban por la espalda, incluso con una ametralladora punto 30 emplazada en un Jeep. 

La Fosa

El 31 de mayo de 1990 la Vicaría de la Solidaridad presentó ante el Juzgado de Pozo Almonte una denuncia por inhumación ilegal, lo que derivó a una investigación judicial.  Las informaciones entregadas por testigos de las ejecuciones realizadas en Pisagua, dieron veracidad a la existencia de una fosa clandestina.

Al día siguiente, 1 de junio, el magistrado Nelson Muñoz se constituyó en el lugar acompañado por un equipo de expertos, excavadores y testigos. Solo el 2 de junio de 1990 la búsqueda fue efectiva, cuando al excavar en otro lugar en el sector nor-poniente del Cementerio de Pisagua, hallaron la fosa. Allí mismo, en una planicie frente al mar, fueron fusilados y luego arrojados a la fosa común, cubriéndolos con cal y luego con tierra.

Fueron encontrados 21 cuerpos en la fosa que medía 2.10 mts de ancho, 11 mts de largo y 2.00 mts de profundidad.

La historia los guardó con cuidado, ya que la cal que les arrojaron para destruir toda prueba, fue la encargada de preservar, así la arena, la sal y la sequedad del conservó intactos los cuerpos, con la ropa que llevaron puesto y con los amarres y vendas con que fueron llevados al paredón. Las claras muestras del impacto de balas acusaron a los mandos militares de la época.

El primer cuerpo encontrado, estaba envuelto en sacos cocido con alambres, al empezar a desarmar las amarras, se asoma la camisa de celeste cuadrillé…

Los cuerpos correspondían a personas que habían sido ejecutadas, entre otras, los prisioneros que supuestamente habían sido dejados en libertad.

La impunidad una vez más

La investigación sobre este macabro hallazgo se vio interrumpida por una petición de incompetencia que hizo la Justicia Militar y la causa pasó al Séptimo Juzgado Militar de Arica, aplicando la ley de amnistía en 1992. Se realizó una nueva apelación y la Corte Suprema ratificó la Amnistía, durante toda la investigación, nunca se tomó declaraciones a ningún oficial del Ejército involucrado en el caso Pisagua

En Pisagua, así como en todos los centros de tortura y detención que se instalaron a lo largo de Chile, el criterio siempre fue el mismo: Todo prisionero es peligroso y se debe eliminar, ya sea de la mano de la Dina, CNI o de las FFAA, las órdenes siempre pasaron por el Dictador.

En una nueva fecha de recuerdo y reflexión, nuevamente decimos: No hay olvido ni perdón y nadie será olvidado.

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