Bolivia: el problema del petróleo, los terratenientes y el gran capital agrícola

Inmediatamente después de la aprobación de la primera Constitución surgida de la Asamblea Constituyente, a fines de 2007, la oligarquía de Santa Cruz y los departamentos aliados a ella proclamaron sus “estatutos autonómicos”. 

Finalmente, en términos puramente numéricos, el referéndum organizado por la oligarquía del Departamento de Santa Cruz en mayo de 2008 en Bolivia fue un fiasco. 

Con control absoluto del aparato electoral y de la prensa por parte de la derecha y con un gran despliegue de intimidación, la abstención llegó al 39,2%, de modo que el 85% de los que decían haber obtenido el gobierno departamental se redujo al 45%. 

El estatuto “votado” era objetivamente secesionista, pues establecía normas “constitucionales”, como las que le otorgan la facultad de determinar el régimen agrario de Santa Cruz, contrarias a las aprobadas por la Asamblea Constituyente.

Asimismo, el estatuto ilegal otorgó facultades tributarias al Departamento y la cogestión de fincas hidrocarburíferas. 

Objetivamente, la ley impuso la discusión de un régimen federal para Bolivia, porque incluso el gobierno admitió haber discutido autonomías departamentales. 

Esto significó abandonar todo lo relacionado con la nacionalización del petróleo y la reforma agraria, porque implicaba un compromiso con la oligarquía de terratenientes y con los monopolios petroleros que operan en Oriente. Ya se habían impuesto enormes límites a las propiedades que podían ser expropiadas con fines de reforma agraria.

En ese contexto, la derecha tomó la decisión en el Senado de convocar referéndums para validar los mandatos del Presidente y de los Alcaldes con base en un proyecto del MAS, que había sido retenido por ley en esa Cámara durante mucho tiempo. Cuando se conoció la votación, el gobierno la interpretó como un intento de desestabilización, al margen de que fuera él quien la hubiera impulsado, claro está bajo otras condiciones políticas. 

No solo cambió de opinión, sino que también lo hizo la mayor parte de la derecha, que comenzó a caracterizarlo como un salvavidas para el gobierno y un torpedo para los alcaldes, especialmente después de la imposición de estatutos populares, aunque ilegales, autónomos del Departamento de Estado. Santa Cruz. 

Los golpes y coimas electorales, y los referéndums y contrarreferéndums, constituyeron un impulso para determinar el marco de una negociación política entre el gobierno de Evo Morales y la oposición oligárquica.

Tras la victoria de Evo Morales en el referéndum revocatorio y, sobre todo, la importante votación lograda por el MAS en los barrios «Meia-lua» (Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca), la derecha trató de reagruparse en torno a su » hard core”, dirigido por Rubén Costas, alcalde de Santa Cruz. 

Esta derecha comenzó, de manera decisiva, a organizar la desestabilización del gobierno. Este último lo describió como un intento de «golpe civil», con el apoyo semidisimulado de la Embajada de Estados Unidos. 

El martes 9, en Santa Cruz, bandas armadas de la Unión de la Juventud Cruceñista tomaron y saquearon varios edificios públicos, entre ellos el de la Empresa Nacionalizada de Teléfonos (Entel), así como las instalaciones de Canal 7 y otros órganos de prensa oficial.

El ejército se retiró a sus unidades (aparentemente por orden del gobierno) y la policía fue dominada por los fascistas. Hasta ese momento, el gobierno solo mostró impotencia porque, al denunciar el golpe, se negó a movilizar a las masas y llamó a los conspiradores a un diálogo imposible en estas condiciones, ya que la derecha no quería dialogar, sino aplastar.

El escenario cambió cuando hubo una fuerte irrupción de obreros y campesinos, los insurgentes de 2003 y 2005, empeñados en recuperar las calles. 

El arrogante gobierno de la derecha, con sus bandas armadas tomando y destruyendo edificios públicos, y la sedición de los «cívicos» en cinco departamentos, encontró su límite preciso en la revuelta popular que cercó Santa Cruz de tranques. 

Sin embargo, la profunda movilización popular que interrumpió la estabilización de la derecha y amenazó con aplastarla, ha sufrido ahora un revés, no por parte de sus enemigos «autonomistas», sino del gobierno de Evo Morales. 

La presión de la Coordinadora Nacional del Cambio (Conalcam), en la que triunfó el oficialismo, llevó a las masas campesinas a levantar el cerco que mantenía aislada a Santa Cruz del resto del país. 

En ese contexto, Evo negoció con la derecha para formular una nueva Constitución, chocando con las organizaciones campesinas e indígenas que habían redactado la primera Constitución y se oponían a un pacto con la derecha.

La derecha estuvo a punto de arrollar al gobierno y, muy probablemente, lo habría logrado de no ser por la movilización popular que, a su vez, podría cambiar todo el escenario de la situación y generar una crisis e incluso un principio de desintegración de la derecha. fuerzas. 

Esta oposición de derecha avanzó sobre la base de las vacilaciones del gobierno, hasta encontrar resistencia popular. La mayor fortaleza de la derecha en crisis, que tendía a dispersarse, residía en las vacilaciones del gobierno. 

Más que nunca, la movilización de masas encontró su perspectiva histórica para superar las limitaciones insuperables del nacionalismo burgués.

El IPT (Instrumento Político Obrero) hizo un llamado al proletariado a tomar conciencia de esta situación y del fracaso irreversible del MAS, para proponer a las masas indígena-campesinas -del Altiplano y del Oriente- un frente común para combatir las autonomías separatistas y defender la unidad basada en la expropiación sin pago de los monopolios petroleros, terratenientes y del gran capital agrícola, con el control y dirección de obreros y campesinos. 

El Oriente boliviano forma una unidad político-agraria en el norte de Argentina, oeste de Brasil y Paraguay, donde los movimientos de trabajadores sin tierra son cada vez mayores. El grito de guerra contra los explotadores del campo debe resonar en toda la región. Sería necesario un congreso de movimientos de trabajadores sin tierra de los cuatro países.