La rebelión boliviana bajo el gobierno de Mesa

Bajo el gobierno de Mesa, en febrero de 2004, se promulgó la Ley de Reforma Constitucional, que introdujo los números de la Asamblea Constituyente, el referéndum y la iniciativa legislativa en la Constitución del país. 

En julio se realizó el referéndum para decidir el futuro de las reservas de gas, con un 80% a favor. 

En octubre, en el aniversario del levantamiento, miles de campesinos marcharon hacia La Paz para exigir que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada fuera llevado ante la justicia. Unos días después, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de Ley de Hidrocarburos. 

El 30 de diciembre, el gobierno decretó un aumento en el precio de los combustibles, lo que llevó a sindicatos y organizaciones sociales de Bolivia a iniciar la primera semana de 2005 con protestas que incluyeron paros indefinidos y cortes de ruta. La segunda semana de enero continuó con protestas en varios lugares.

En abril de 2005, el Senado aprobó la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que incluyó un impuesto del 32% sobre la producción de empresas extranjeras. En mayo, el Congreso aprobó la nueva Ley de Hidrocarburos. Sin embargo, el presidente Mesa anunció que no había promulgado la Ley de Hidrocarburos y convocó a una reunión multisectorial para discutir una nueva norma. 

Ante esto, decenas de miles de personas marcharon a La Paz para exigir la nacionalización de las exploraciones de petróleo y gas natural. Los manifestantes salieron a las calles para exigir la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. 

A finales de mayo, los grupos que pedían la nacionalización de la industria del gas volvieron a bloquear las vías de acceso a La Paz. 

Mesa respondió convocando una Asamblea Constituyente y un referéndum sobre las autonomías regionales. Inmediatamente después, presentó su renuncia. Lo reemplazó Eduardo Rodríguez, titular de la Corte Suprema.

Durante el gobierno de Mesa, las organizaciones de base iniciaron una ola de ocupaciones de tierras y fincas en diferentes partes del país, particularmente de los gobiernos caídos. 

Los puntos más conflictivos estuvieron en El Alto, La Paz y Cochabamba. 

El gobierno de Mesa recurrió al ejército para desalojar a los ocupantes. La base de la lucha campesina fue que, en 2005, más de 250.000 familias rurales carecían de espacio para el cultivo y cientos de miles de personas más se vieron obligadas a trabajar un terreno que ni siquiera garantizaba su propia alimentación. 

Mientras tanto, el 87% de las tierras agrícolas estaba en manos de grandes terratenientes y grupos capitalistas. 

Gracias al crédito oficial ya las obras de infraestructura del gobierno, este sector ha obtenido grandes ganancias a través del cultivo y exportación de soja transgénica. Ante la movilización campesina, el gobierno de Mesa se comprometió a «garantizar la seguridad jurídica de la propiedad». 

Para reforzar esas “garantías”, designó a Diego Montenegro, gerente de Asuntos Agropecuarios y Campesinos, gerente por más de una década de la Asociación de Productores de Semillas y Oleaginosas.

El referéndum de mediados de 2004 desvirtuó la reivindicación de la nacionalización del petróleo (confiscación de los monopolios) por la reivindicación del control estatal del subsuelo boliviano. 

La izquierda del referéndum derivó en una renegociación de los contratos vigentes (aumento de impuestos a las petroleras) y la “restitución” de YPFB, como “testigo” de la empresa estatal. Los términos del referéndum se establecieron según el programa de Evo Morales, quien había cogobernado con Mesa. 

Sin embargo, la negativa de Mesa a promulgar las leyes que desencadenaron la renegociación, ante la total oposición de los monopolios petroleros, condujo a una nueva insurrección en junio de 2005. Una vez más el intento fracasó.

El Congreso se trasladó a Sucre para imponer un gobierno apoyado por un golpe militar que, nuevamente, fue mediado por Lula y Kirchner. Una vez más, la intervención de Evo Morales fue decisiva (aún más que en octubre de 2003): por un lado, contuvo el golpe militar, llamando a una movilización parcial del pueblo, y por otro lado, puso fin a la esta movilización parcial, ya que fue llamado a las elecciones. 

Encabezó una movilización popular en Sucre para impedir que el presidente del Senado, que exigía una represión general que pusiera fin al «ciclo de octubre», asumiera la presidencia de la República. Al mismo tiempo, logró disolver esta movilización y evitar que se convirtiera en una insurrección, luego de que los golpistas agazapados en el Congreso retrocedieran y se acordara la convocatoria a elecciones generales. 

Evo Morales, nuevamente con los enviados de Kirchner y Lula, fue el articulador de una nueva «salida institucional», que esta vez traspasó el gobierno al presidente del Supremo Tribunal Federal.