Bolivia: «Evo en la calle, trabajadores en el poder»

En diciembre de 2010, el movimiento de masas dio un salto y espoleó la rebelión popular contra el aumento de los precios de los combustibles. 

La rebelión popular enfrentó las bases de la mayoría de los movimientos sociales con direcciones relacionadas con el gobierno que buscaban mediar e incluso justificar el ajuste. 

El viernes 18 de febrero de 2011, a pesar de la lluvia y el frío, más de 15.000 trabajadores se movilizaron ante el llamado de la Central Obrera Boliviana (COB) para elevar el salario mínimo necesario para cubrir la canasta básica de alimentos. Maestros urbanos y rurales, trabajadores de la salud, fabriles, mineros, campesinos protagonizaron así el primer paro nacional activo contra el gobierno de Evo Morales -en el que participaron sectores considerados los principales aliados del mandatario-. 

Los estudiantes, por su parte, volvieron a las calles el martes 15, con una movilización de más de 5.000 estudiantes, docentes, directivos y padres de familia en rechazo al proyecto de ley del Seguro Único de Salud (SUS), que pretende nacionalizar los recursos de la economía. el Seguro Social Universitario (SSU) de las universidades públicas de todo el país.

El gobierno de Evo Morales decidió cancelar la negociación salarial con la COB al aprobar el Decreto Supremo 809, que establece un aumento del 10% para salud, educación, policía y fuerzas armadas. Félix Rojas, ministro de Trabajo, manifestó que ese porcentaje también sería la base de discusión entre los trabajadores del sector privado. 

La Central Obrera Boliviana (COB) decidió “declarar Huelga General indefinida, movilizada y acompañada de bloqueos desde mil rincones en la sede de gobierno, instruyendo a todos los sectores afiliados, productivos y de servicios a implementar esta medida de lucha a nivel nacional”. (Resoluciones de la Nacional Ampliada, 6/4). 

Casi 40 de los 57 departamentos de la COB participaron en la convocatoria y, de hecho, de esa movilización salió la convocatoria a la Huelga General indefinida, porque al final los trabajadores se juntaron y votaron por esta medida en la Universidad Mayor de San Andrés. , que confirmó el Comité Nacional COB Extendido el mismo día.

“Que bonito, que bonito, que bonito será, Evo en la calle, trabajadores en el poder”, fue una de las frases más entonadas durante la manifestación, mientras el nutrido grupo de mineros, “Los aliados de Morales”, expresó su enfado al detonar con dinamita pequeños artefactos, que sacudieron las ventanas de los edificios de la avenida principal de la ciudad de La Paz. 

El IPT saludó esta tendencia hacia la rebelión popular, buscando agitar, hacer propaganda y organizar al proletariado y campesinado boliviano en torno a este enfoque estratégico: sacar a Evo Morales del gobierno y establecer un gobierno de trabajadores. No era la perspectiva de la dirección de la COB que, por el contrario, militaba para cerrar el movimiento de lucha abierta contra el gobierno. 

El Comité Nacional Ampliado de la Central Boliviana de Trabajadores decidió por unanimidad, aunque con la presencia de la mitad de las organizaciones afiliadas, acoger la propuesta del gobierno de aumentar en un 11% los salarios de los profesionales de la salud y la educación y suspendió indefinidamente el paro general y el corte de ruta. .

A pesar de la política burocrática, la profundidad del movimiento desatado también alcanzó a las organizaciones campesinas. El principal representante de Conamaq (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu), Jilli Apumallku Sergio Hinojosa, manifestó su protesta contra algunos líderes campesinos «serviles al gobierno», quienes en nombre de esta organización gremial rechazaron las movilizaciones de sectores afiliados a la COB y sus demandas. 

Los 16 suyus (zona administrativa del Imperio Inca) afiliados al Consejo Nacional de Conamaq exigieron al gobierno atender las demandas de los sectores laborales. En la misma línea, el comandante general del Consejo Originario de Ponchos Rojos, Ruperto Quispe, advirtió que el gobierno se “equivocó” al subir el precio de la gasolina en diciembre pasado.

Conalcam (Coordinadora Nacional de Cambio), formada por organizaciones campesinas, indígenas, obreras, vecinales y otros sectores que apoyaban al MAS, surgió como fuerza social cuando la oposición de derecha se atrincheró en la «Meia Lua» (Santa Cruz, Pando , Tarijá). 

El MAS aprovechó esta movilización contra el intento de golpe de la burguesía autonomista, para negociar los límites de la Constituyente con la derecha. A Linera y al MAS se les hizo difícil lograr lo mismo que las organizaciones cooptadas por el gobierno, contra la lucha de los trabajadores.

Durante una década, las masas campesinas e indígenas ocuparon el centro del escenario político, con sus luchas por el derecho a la tierra, al agua y en defensa de la cultura de los pueblos originarios, lograron la victoria a través del gas y la instalación de la Asamblea Constituyente y trasladaron la realización de sus objetivos al gobierno del MAS. 

La gran noticia fue que las masas entraron en conflicto con su burocracia política y la pequeña burguesía que ha tomado las riendas del Estado. 

En el caso del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure), esto fue muy claro: huelgas de hambre, paros generales, vigilias de protesta, corte de rutas y movilizaciones han sacudido a Bolivia. 

Todo comenzó cuando representantes de 36 pueblos indígenas partieron de Trinidad -la capital del Beni, en el occidente de Bolivia- hacia La Paz, exigiendo sus derechos y la protección del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure, una reserva natural de 1,2 millones de hectáreas, amenazada por un proyecto de construcción de una carretera de unos 300 kilómetros, que dividiría en dos la llamada “casa grande”.

La represión del MAS a la movilización provocó una enorme solidaridad de las organizaciones de trabajadores y campesinos, quienes realizaron una manifestación de más de 100.000 personas en La Paz.

Luego, en junio de 2012, estalló el histórico paro de 52 días, el más largo del período democrático en Bolivia, protagonizado de manera conjunta por la Unión de Salubristas (participante de la COB), por el Colegio de Médicos (no participante de la COB) y por estudiantes de medicina, contra el Decreto 1126, que afectó a los profesionales de la salud, aumentando la jornada laboral de 6 a 8 horas. 

A ello se sumó la movilización de los estudiantes contra la Ley Financiera, un profundo ataque a la autonomía universitaria y la imposición de un tope salarial a la docencia, con nefastas consecuencias para la educación pública. 

Estalló un paro policial por salarios y por la derogación de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana y, a fines de 2012, se sumaron a la lucha de los mineros de Colquiri por la nacionalización del 100% de la mina. En todos estos casos (TIPNIS, médicos, Colquiri), la dirección de la COB actuó como bombero para dirimir la lucha y no como canal para llevar a la victoria.

El IPT (Instrumento Político de los Trabajadores) apoyó cada una de las demandas por las que se movilizaron los explotados en cada uno de estos casos. 

La irrupción de la clase obrera en el escenario nacional y la creciente ruptura de los campesinos con el gobierno de Evo es el síntoma de que la situación política avanzaba hacia una situación prerrevolucionaria, donde la lucha por el poder estaba a la orden del día. 

El IPT intervino en cada uno de estos movimientos, en cada sindicato y en cada organización campesina, levantando expectativas de superación del gobierno de Evo Morales e instaurando un gobierno de trabajadores y campesinos.