Las PASO bejo la batuta del FMI

Los cuatro “amigos del mercado” que se disputan el voto

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¿El gobierno de los Fernández podría verse obligado a declarar el default, en el curso de julio?

Es lo que se desprende de la incapacidad para pagar vencimientos de deuda con acreedores privados y el FMI [Fondo Monetario Internacional] por un monto de 4.300 millones de dólares.

Las reservas netas del Banco Central se encuentran en un saldo negativo que se estima entre 3 mil y 5 mil millones de dólares. Esto significa que ha usado dólares por ese monto que están prendados o comprometidos por otras deudas.

La semana pasada, Massa [el super ministro de Economía] y los Fernández pagaron una cuota de más de 2 mil millones de dólares, usando Deg’s, la moneda del FMI, y yuanes.

Los Deg’s son una moneda espuria que el FMI emite sin respaldo para que los países en bancarrota puedan ‘pagar’ su deuda en dólares, al menos en parte. Esta moneda es una suerte de “patacón” [título público emitido por el gobierno argentino en el 2001] internacional que busca disimular la cesación de pagos de numerosos Estados.

El peligro de una cesación de pagos, sin embargo, estaría excluido. El FMI estaría dispuesto a salir en rescate del gobierno ‘nacional y popular’, en especial ahora que la Unión Patriótica [ex Frente de Todos] consagró a Massa como su pre-candidato a Presidente, con la suma de los votos que recoja Juan Grabois, en las PASO del oficialismo.

Para el mundo empresarial, con esta composición, los cuatro pre-candidatos principales (Massa, Bullrich, Larreta y Milei), los “amigos del mercado”, llenan todos los casilleros electorales.

Los Fernández y Massa han arribado a esta situación de pre-default como consecuencia de la caída del acuerdo de Argentina con el FMI, que el  “nacionalismo popular” firmó a principios de 2021.

El acuerdo establecía que el FMI pondría todo el dinero para amortizar la deuda contraída por el gobierno de Macri, a condición de que Argentina cumpliera con ciertas metas económicas y con ciertas medidas.

El entendimiento era que el Gobierno llevara el déficit fiscal primario al 1,6% y que acumulara reservas en divisas netas por arriba de 5 mil millones de dólares. Las medidas que debía tomar eran un tarifazo más o menos inmediato y una devaluación del peso en un porcentaje superior a la inflación.

El Gobierno alegó, en su disculpa, que Argentina había atravesado una sequía monumental que le privó 20 mil millones de dólares en exportaciones.

¿Cómo harían Massa y los Fernández para cumplir con esos requisitos de ahora en más, para que el FMI les acerque el dinero?

El nuevo acuerdo se encuentra empantanado porque el FMI pretende que el Gobierno cumpla antes de otorgar el financiamiento comprometido.

Cuando hace dos meses, este impasse detonó una corrida cambiaria, tanto el FMI como los Fernández entendieron que debían evitar una crisis, que desataría un escenario mucho peor que el de principios de 2002.

En este impasse intervienen con fuerza factores internacionales: Estados Unidos y China impulsan un acuerdo rápido, en tanto que varios estados de la Unión Europea no acompañan, porque no han conseguido que el Mercosur firme un tratado de libre comercio que daría un acceso irrestricto al capital europeo en las licitaciones de gastos públicos.

Ni un lado ni el otro aspiran a un acuerdo integral – sólo uno que pueda cubrir seis meses, hasta las elecciones de octubre.

Es lo que acaba de firmar el FMI con Pakistán, que tiene elecciones en septiembre – el FMI adelanta 3 mil millones de dólares a cambio de poner fin a los subsidios a los alimentos y a la energía, elevar la tasa de interés y acumular reservas mediante aranceles a las importaciones.

Este último punto es, al menos para Argentina, muy problemático, porque ya ha desatado una pelea de fondo entre quienes serán más perjudicados que otros.

Un intento de Massa, hace dos meses, por eliminar exenciones impositivas a las importaciones, o sea encarecerlas, terminó con un recule ignominioso de todo el gobierno.

El acuerdo enfrenta un obstáculo adicional, porque el gobierno nacional y popular reclama que se lo autorice a vender dólares en el mercado financiero paralelo para contener las cotizaciones.

Para las autoridades de Economía, este dólar financiero es el regulador de la inflación de precios.

El planteo pone en evidencia que la inflación se dispara por la desvalorización del peso, la cual es causada por la incapacidad de hacer frente a la deuda pública.

El FMI se resiste, hasta cierto punto, a comprometer dinero que sería rifado, como ocurre, en el financiamiento de una salida de capitales.

Es lo que también ocurre con la deuda pública indexada en pesos, que los tenedores están vendiendo al Banco Central, el cual la compra por medio de emisión de moneda.

El gobierno, por su lado, ha venido pagando intereses al FMI y a los acreedores, tanto en dólares como pesos, por un total anual de 10 mil millones de dólares, aproximadamente.

Es posible que se llegue a un arreglo de circunstancias que evite un default con el FMI.

Pero es imposible que un acuerdo neutralice la crisis o incluso las estampidas financieras – por lo tanto, la misma inflación.

Una devaluación o el encarecimiento de las importaciones sumarán, a los aumentos de precios, una recesión.

La expectativa de que se arribe a un acuerdo con el Fondo, acompañado de tarifazos y una devaluación, ha promovido un ascenso en las cotizaciones de las acciones de empresas argentinas, tanto en Buenos Aires como en Nueva York, en especial de energía y bancos.

Se trata de una dolarización de activos, estimulada por la presunción, probablemente falsa, de que la Reserva Federal de Estados Unidos comenzaría a reducir las tasas de interés.

En todo caso, señala en forma rotunda las enormes ganancias dejadas a los capitalistas por la caída de salarios y el aumento de la precarización laboral.

La anulación de la deuda pública, externa e interna, con excepción de los pequeños tenedores, no es una reivindicación inclinada al nacionalismo.

El 67% de esa deuda se encuentra en poder de la burguesía local – nacional y extranjera.

Se trata de un derecho a recibir un tributo adicional de los trabajadores, por la vía de los impuestos al consumo.

Esta deuda, lejos de alejar el horizonte de la bancarrota capitalista, lo acerca en forma sistemática.

Es que se trata de un capital ficticio sin contrapartida o respaldo en el capital o activos reales.

El mercado de la deuda ha alcanzado niveles históricos y penetrado en todos los rincones de la acumulación capitalista.

La anulación de la deuda plantea el problema del poder, o sea la lucha por un gobierno de trabajadores.