VIDEO| Perú en las exposiciones en la CIDH – OEA-EUA, «EL ESTADO PERUANO NO HA VIOLADO LOS DERECHOS HUMANOS»

Los organismos controlados por los Estados Unidos, como es obvio, defienden los intereses de quien los controla; pero lo observado durante la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue una falta completa de respeto a las víctimas del Estado, las cuales; en sus propios rostros, gritaron “Ustedes son los violentos”.

La sesión tuvo lugar en Washington DC entre los representantes de la CIDH, los representantes del Estado Peruano, miembros de la sociedad civil, organizaciones sociales y familiares de las víctimas de las violaciones de derechos humanos del Estado.

En cuanto a lo protocolar, todo se llevó a cabo “adecuadamente”, si no tenemos en cuenta que se le brindó mayor espacio al Estado peruano para desarrollar una secuencia de mentiras sobre los planes, plataformas y medidas que viene aplicando supuestamente para mejorar el acceso de la salud, la reparación, el combate a la “criminalidad”, y el soporte de sus instituciones a la ciudadanía a través de “altos parámetros de DDHH”.

Como representante de la sociedad peruano pusieron a una ciudadana peruana, evidentemente fujimorista, que vive en Estados Unidos que después del discurso del Embajador de Dina Boluarte en la OEA hizo el siguiente discurso:

«La conformación de la delegación del Estado peruano que usted ve a aquí, señora presidenta, al ser multisectorial y al comprender la participación de otros poderes del Estado y organismo constitucionalmente autónomos, refleja en primer término la importancia que a nivel del Estado se le brinda a esta convocatoria en la CIDH, además es una muestra del compromiso con la implementación íntegra de las recomendaciones presentadas en vuestro informe. El informe no solo contiene 36 recomendaciones, sino sobre todo, valiosos comentarios que es necesario recordar en este momento.

La CIDH a reconocido de manera enfática que el 7 de diciembre del 2022 se produjo un golpe de estado perpetuado por el golpista Castillo y sus cómplices, señora presidenta, ese golpe de Estado fue el generador de los actos de violencia que a partir de ahí, se gatillaron lamentables sucesos. Presidenta, como es de público conocimiento, ese delito de quebrantamiento del orden constitucional mereció el repudio general de todas las instituciones públicas del Perú, la sociedad civil también lo rechazo y así lo hicieron las fuerzas armadas y al policía nacional del perú.

Producido este quebrantamiento del orden constitucional, del congreso de pleno derecho se reunió y banco al golpista, procediendo de inmediato a la sucesión constitucional, y la persona es la persona presidenta constitucional Dina Boluarte, en el informe, explícitamente se indica señora presidenta que el estado peruano reconoce el derecho a la protesta pacifica, e indica que lamentablemente en ese marco se produjeron actos de violencia que no se encuentran amparados por el derecho a la protesta se lee también en vuestro informe, que durante diciembre de 2022 y enero de 2023 se produjeron lamentables sucesos mucho de ellos ocasionados por bloqueos de carreteras que no permitió que carros de bomberos y ambulancias lleguen a sus destinos provocando la muerte de varios ciudadanos peruanos.

La toma sistemática de aeropuertos, el mismo día a la misma hora, en diferentes regiones, acusa de una maniobra sin duda alguna orquestada por organizaciones que tenían previsto este asalto a la democracia en Perú. Se incendiaron locales del ministerio público, comisarias, del poder judicial, e incluso se afectó propiedad privada y propiedad de uso público, la CIDH ha reconocido que los lamentables suceso a los que me he referido se produjeron un entorno de violencia generalizada y que lamentablemente ello fue resultado de decenas de decesos que nosotros somos los primeros en lamentar, la ausencia de estos peruanos la lamentamos profundamente y en sus memorias no solidarizamos con cada uno de sus deudos.

La CIDH a determino que cada uno de los hechos deben ser investigados por autoridades competentes con imparcialidad y absoluta independencia, a fin de que se pueda determinar el modo y circunstancia de cada uno de estos sucesos, identificando a los responsables, asegurando la reparación de las víctimas y no repetición. Indica que estos hechos la propia Comisión los ha considerado casos concretos, al decir esto, señora presidenta, queda absolutamente desterrada cualquier posible insinuación de que estemos frente a una política sistemática o generalizada violatoria de derechos humanos».

Ante la negación por el Estado peruano de todas las pruebas presentadas, y que se mofa de las propias familias de las víctimas, y criminaliza y estigmatiza una vez más la protesta social, es que se levantó otro ciudadano, M.K, y arremetió contras las mentiras expuestas ante la CIDH gritando «El Estado Miente», lo que llevó a que el propio Embajador levantara aún más la voz y le respondiera «ellos son los violentos, los que ocasionaron la muerte».

Existe evidencia de la violación sistemática de los Derechos Humanos en Perú, presentadas por varios abogados, Amnistía Internacional Perú, y organizaciones sociales. El “desentendimiento” de las pruebas fehacientes solo aumenta aún más la inseguridad en el país, la criminalización y el peligro que corren los luchadores sociales en el País.

Es necesario resaltar que todo el discurso del propio Embajador del Estado Peruano en la OEA sostiene que las acciones desplegadas por el Estado durante y posteriormente a las protestas, que dejaron un saldo de más de 80 manifestantes asesinados por las fuerzas represivas, se justifican y están «al mismo nivel» que la reacción de las masas, de los pobladores, privincianos, estudiantes, explotados del sistema.

Aún más llamativa es la insinuación constante del Embajador, de recordarle a la CIDH que ellos mismos se han sometido a la postura de que todas las violaciones a los Derechos Humanos están centradas en un período de «conflicto» y que no constituyen a una violación sistemática. Un llamado de atención bastante directo a la Comisión y a su presidenta, la cual, tampoco ha desmentido esas afirmaciones.

Nos encontramos ante un gobierno ilegal, que carga con más de 80 muertes y centenas de presos políticos que se encuentran entre juicios viciados, donde quienes acusan, juzgan y condenan son los mismos.

Perú se encuentra bajo el desmonte casi total del llamado Estado de Derecho, donde todo vale para las clases dominantes y no hay ni siquiera un rezago de justicia para los explotados.

Es innegable que el movimiento de masas mundial está en un período de ascenso, lo cual conlleva por el otro lado, al avance de las leyes represivas por las clases dominantes, la aplicación de nuevas leyes anti-terror en el mundo, y el aumento de las prisiones políticas, negando las libertades democráticas más básicas como serían el derecho a manifestarse y a expresar una opinión. 

Los estados burgueses, respondiendo a los intereses económicos de este sistema, han reducido lo que es llamado como Estados Sociales de Derecho a estados represivos que tienen como política central el combate al terrorismo y a la contrainsurgencia, que son fundamentalmente quienes protestan.

El aumento de la represión tiene como objetivo prepararse para los grandes levantes de masas que aparecen en el horizonte, a partir del desmedro de las garantías que se habían consagrado a nivel internacional y constitucional en casi todos los Estados (occidentales mayoritariamente), como parte de la política impuesta en escala mundial a partir de los años de 1980, que denominaron «neoliberalismo».

La instauración Derecho Penal del enemigo representa un retroceso importante, con el fuerte aumento de las violaciones a los derechos humanos, en contra de la propias libertades de la democracia burguesa, los principios del Derecho Penal Liberal, la igualdad, la dignidad de las personas, hasta del Estado Democrático y de Derecho como un todo. 

El Derecho Penal del enemigo tiene como eje la ideología capitalista decadente “neoliberal”, sobre la cual se busca criminalizar, perseguir y punir a cualquier tipo de “conflicto político y social” que el propio sistema intrínsecamente produce. Punir al sujeto que es víctima del sistema socio-económico actual, transformándolo en victimario y negando todas las garantías básicas y sus derechos fundamentales. 

Es bajo este contexto que una amplia red que se apoye, divulgue, denuncie, y se organice en pro de la defensa de los Derechos Humanos, el derecho a la protesta, y la libertad de todos los presos políticos es una tarea muy importante para todos los luchadores sociales, los demócratas, los antiimperialistas y los revolucionarios.