Contaminación de las empresas mineras en Perú

Por Cesar Silva

En el Perú se contabilizó en 2020 la existencia de 335 empresas mineras. De ellas, 107 pertenecen al régimen general, mientras que 228 son propiedad de pequeños productores y mineros artesanales.

Existen 38 empresas mineras en construcción que comprenden 46 proyectos. Apurímac es el departamento con mayor número de empresas en construcción.

También existen 45 empresas mineras en exploración que comprenden 60 proyectos. Arequipa es el departamento con mayor número de empresas en exploración.

Perú es uno de los principales productores y exportadores de cobre a nivel mundial, ocupa el tercer lugar en reservas del cobre con 81 millones de toneladas. 

Las principales minas de cobre incluyen Cerro Verde, Antamina, Las Bambas y Toquepala, entre otras, alcanzando una producción de 241.801 toneladas métricas finas de cobre, a junio del 2023. El incremento de la producción en los primeros seis meses del año 2023 fue de 17,6%.

Como ejemplo, la compañía minera Antamina ubicada en el distrito de San marcos, región de Ancash, de propiedad de BHP Billiton, Glencore, Teck y Mitsubishi, tiene una capacidad de tratamiento diario de 150 000 TM. Produce concentrados de cobre y zinc; y de manera secundaria, plata, plomo y molibdeno.  Los estudios sobre posible contaminación en la poblacion cercana, arrojaron como resultado niveles de contaminación con plomo, cadmio, zinc, entre otros, encontrándose entre los afectados niños y ancianos.

En estadísticas de 2021, Compañía Minera Poderosa S.A., la principal empresa extractora de oro en Perú, representa el 9,5% de la producción total del país, con 6 931 637 g finos de oro. Su capacidad total de tratamiento es de 980 toneladas diarias. El mineral aurífero es procesado en dos plantas donde se recupera el oro con el proceso de lixiviación con cianuro o cianuración directa. 

Una vez que el oro se disuelve, se precipita con zinc a través del proceso Merryl Crowe y luego es fundido para obtener los lingotes de oro que son comercializados. La  recuperación del oro se sitúa por encima del 92%. 

Los residuos son almacenados en canchas de relave.

En Cajamarca, la minera Yanacocha S.R.L., propiedad de la empresa norteamericana Newmont Mining Corporation, es considerada desde 1993, la mina de oro más grande de Latinoamérica, la de mayor extracción de oro del  mundo, y una de las más rentables y eficientes a nivel mundial. 

Con ayuda financiera del Banco Mundial, lleva 22 años volando montañas y utilizando sustancias químicas tóxicas para extraer el oro. 

Desde 1993, Yanacocha ha dado un rendimiento de más de 35 millones de onzas de oro, ocupando el segundo lugar en el ranking, con una participación del 8,4% y una producción de 5 864 227 g finos de oro. 

Sin embargo, en los pueblos más próximos a la mina, la pobreza sigue siendo una lacra sin resolver; y la animadversión hacia Yanacocha está muy extendida y sigue aumentando, constituyéndose como el centro de los conflictos hidro-sociales, alimentados con la contaminación por derrames de sustancias altamente tóxicas en los cauces del agua, que afectan a las comunidades aledañas. Por ejemplo, la controversia del conflicto social Conga, el derrame de mercurio en Choropampa y el proyecto de expansión de la minera Yanacocha al cerro Quilish. El agua que utilizan las comunidades campesinas se adquiere de manera natural, no es potabilizada, sin embargo ahora no puede ser consumida ni siquiera por animales, dado que transporta metales pesados que derivan de  la explotación minera de Cerro Corona.  

No contentos con tanta contaminación ambiental, ahora Yanacocha y su matriz, Newmont, quieren excavar cuatro lagos de montaña cercanos y poner en explotación Conga, una mina de oro y cobre valorada en 4.800 millones de dólares. Conga se encuentra en la cabecera de una cuenca fluvial que riega centenares de kilómetros cuadrados de tierras agrícolas y abastece de agua potable a los pueblos y aldeas vecinos. Pero el proyecto está detenido.

Para obtener una onza de oro se utilizan 40 kg de explosivos, se consumen de 150 a 200 mil litros de agua y se emiten alrededor de 650 kg de CO2 a la atmósfera, junto con otros gases altamente tóxicos.

La minería aluvial del oro en el departamento de Madre de Dios perjudica gravemente la salud de la población y de los mineros, que trabajan en condiciones de riesgo elevado por la exposición directa al mercurio gaseoso y vertido a las fuentes de agua que son utilizadas por los poblados de toda la cuenca del río Madre de Dios.

El Perú tiene 2,346 toneladas métricas finas (TMF) de oro, 1,622 TMF de reservas probables, y 724 reservas probadas. La producción de oro ha aumentado constantemente hasta un pico estimado de 3.300 toneladas métricas, alcanzado en 2018 y 2019.

La minería genera grandes ingresos por exportaciones, empleo indirecto y tiene una elasticidad muy alta con el crecimiento del producto. Sin embargo, casi no contribuye fiscalmente, no hay una aportación directa de parte de las mineras al Estado y las ganancias económicas terminan meramente en las empresas, mientras que los costos sociales y ambientales sufren de manera universal. 

La relación costo-beneficio es inequitativa.

El sector minero afronta un panorama cada vez más grave de escasez hídrica y de demanda social e institucional con compromiso social y ambiental. Se trata de una actividad que inevitablemente afecta el medio ambiente y contamina el agua, suelo y aire. 

Se genera una gran descarga de material tóxico (Drenaje Ácido de la Minería), partículas finas y gases contaminantes, se degrada el suelo y se arriesga la supervivencia de la biota que mantiene el equilibrio de los ecosistemas. Los riesgos sociales más destacados se relacionan con la salud y el capital humano.

Algunos de los impactos más notorios de la minería son: la contaminación del agua y del aire, la inestabilidad de los terrenos, la afectación del paisaje, el abandono de las actividades económicas tradicionales y el desplazamiento de animales y plantas en vía de extinción, de su hábitat natural.

Las empresas mineras utilizan ingentes cantidades de agua, apropiándose de las que riegan los campos de cultivo de las comunidades, principalmente campesinas, vaciando lagunas, desviando ríos, añadiendo al agua agentes químicos de flotación, como los colectores o xantatos, activadores como el sulfato de cobre, depresores como el sulfito de sodio y coagulantes o dispersantes de minerales muy finos en sus diferentes etapas de concentración de minerales metálicos  sulfurados, también en procesos de lixiviación de óxidos de minerales, utilizan el ácido sulfúrico como agente lixiviante del cobre o el cianuro de sodio para la disolución del oro, produciendo relaves de mineral desechable de granulometría muy fina y húmeda, muy contaminadas, que son almacenadas en enormes canchas de relave. O cuando se trata de una fundición de metales con desprendimiento de gases sulfurosos. 

Todas estas empresas del sector minero contaminan el agua, el suelo y el aire. Suma a su pérdida la evaporación, infiltración y aumento de consumo, al disminuir la calidad de los yacimientos conforme son explotados. 

Algunos de estos agentes químicos de la minería que contaminan el agua y afectan la vida son:

El cianuro y ácido sulfúrico. Acidifican el agua, provocando debilidad, hemorragias y muerte a los organismos intoxicados.

    Arsénico. A través del consumo de agua y alimentos contaminados, puede causar cáncer, lesiones cutáneas y neuro-toxicidad.

    Plomo y mercurio. La vida acuática puede absorberlos, causándoles anemia, hipertensión, disfunción renal y trastornos neurológicos. Estos mismos efectos ocurren en los humanos que ingieren alimentos contaminados.

Este es el impacto que origina la minería: la destrucción de la corteza terrestre, la contaminación de las aguas, la afección a la flora y fauna del entorno próximo a la explotación minera y los efectos negativos en la salud humana de las poblaciones próximas a la mina.

Mientras que en EUA y Canadá se ha prohibido la utilización del cianuro en la minería, e⁶stas mismas empresas mineras provenientes de EEUU y Canadá los usan en el Perú, donde las reglas de control ambiental son más relajadas. Valorar económicamente el medio ambiente y sus recursos con base en los beneficios y costos que se derivan de la protección del mismo, es una tarea demasiado compleja e imposible de cubrir por parte de las empresas extractivas. Por eso abusan de la inexistencia de esta valoración y muestran incluso una absurda hipocresía al referirse como países pro-ambientales al cuidar el medio ambiente en su nación mientras degradan incontroladamente la tierra de los países en vías de desarrollo, como en el Perú

La ANA (autoridad nacional del agua), que establece los criterios de vulnerabilidad ambiental, también estará a cargo del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas). Lo que significa que  ahora serán las empresas mineras las encargadas de evaluar la vulnerabilidad ambiental de las cabeceras de cuenca y no el Estado, de manera previa a la intervención de las empresas privadas en el territorio.

Los pasivos ambientales mineros contaminan cuerpos de agua superficiales y subterráneos. La contaminación se debe a liberación de contaminantes tóxicos (Metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas) contenidos en los residuos mineros de los tajos abiertos y los socavones, entre otros. 

Al 2022, el inventario nacional de los pasivos ambientales mineros, asciende a 6903 a nivel nacional, sin que haya una política que priorice su remediación y con ello, el presupuesto necesario. 

Toda unidad minera cuenta con cronogramas y plazos para llevar a cabo el cierre de mina, sin embargo el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) decide continuar con la explotación de la vida útil de una mina bajo el criterio de promover la inversión minera.

Las comunidades campesinas consumen el agua directamente de cuerpos superficiales sin un tratamiento previo. Al ingresar las mineras y posicionarse en las cabeceras de cuenca, debido a sus procesos minero-metalúrgicos de alto impacto ambiental, alteran e incrementan significativamente los Estándares de Calidad Ambiental (ECAs).  Respecto a algunos de los parámetros inorgánicos, aún el hervido o clorado (desinfección del agua) no resulta suficiente para garantizar agua segura, que no ocasione riesgos y daños a la salud de los pobladores que la consumen, directamente de pequeños riachuelos o quebradas. 

Según el relator especial de la ONU para el derecho al agua potable y el saneamiento, más de diez millones de peruanos, el 31,15% de la población, ingiere tóxicos como metales pesados en el agua que bebe, citando datos del Ministerio de Salud de Perú y llama al gobierno a atender el problema que plantea ese envenenamiento debido principalmente a la minería, que pone en riesgo la salud de las generaciones actuales y futuras. Dichos problemas tienen sus raíces en acciones y omisiones a lo largo de décadas.

Según la Defensoría del Pueblo, no existe en el Perú un sistema de información sobre la calidad de las fuentes hídricas que permita mejorar la toma de decisiones estatales.

Más allá de la gravedad de daños ambientales, con desecación de lagunas, bofedales y manantiales, desaparición de especies y mortandad de peces, resultan alarmantes los análisis de sangre promovidos por la municipalidad de Bambamarca, que revelan metales pesados en el 100% de sus pobladores. La inacción de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), sin embargo, niega las evidencias de contaminación tóxica. A pesar que la Constitución de Perú se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos y reconoce la prioridad del agua para consumo humano sobre cualquier otro uso, este precepto se incumple a menudo.

En la ciudad capital de Cajamarca, el 70% de la población bebe agua utilizada previamente por una empresa minera.

No hay reconocimiento de las organizaciones de Vigilantes y Monitores Ambientales (OVMA), conformados por pueblos indígenas dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en ninguna legislatura donde se ha intentado que este proyecto de ley sea discutido a nivel del pleno del Congreso de la República; siendo a la fecha encarpetado. La postura del Ejecutivo ha sido negativa frente a la participación de los pueblos indígenas en la gestión ambiental. El MINAM ha señalado que estas competencias sólo corresponden al Estado.

Una enorme cantidad de residuos piríticos expuestos a condiciones atmosféricas, sufren un proceso de oxidación por el cual liberan metales tóxicos y generan acidez. La gran cantidad de focos de contaminación, junto con la escasa capacidad de neutralización de las rocas, hacen que estos ríos presenten unos elevadísimos niveles de contaminación, sin parangón a nivel mundial.

El problema que causa la contaminación medioambiental por la actividad minera afecta el agua de las zonas contiguas a la mina, en la cual ni intervienen las autoridades locales ni las regionales. De la región con mayor canon minero, existe poco desarrollo, no solo por la poca inversión de la mina, sino por la poca capacidad de ejecución que tienen sus autoridades regionales, quienes no usan los recursos para mitigar el efecto de la contaminación de la minería, y están haciendo estéril el desarrollo sostenible, para asegurar la subsistencia de las futuras generaciones.

Conclusiones y posibles soluciones:

• La política del Estado privilegia las inversiones y la explotación minera en el territorio y desprotege las cabeceras de cuenca como ecosistemas frágiles. El Estado deja en manos de la empresa privada la gestión de las cabeceras de cuenca y se niega a tomar acciones frente a la exigencia de las comunidades campesinas, de declarar su intangibilidad y conservación.

• La calidad del agua, producto de la contaminación por metales tóxicos, causa graves daños y riesgos a la salud humana y ambiental. El estado peruano no tiene una política eficiente para prevenir daños al ambiente y a los recursos hídricos, en el marco de la gestión de los pasivos ambientales mineros y otras herramientas como los planes de cierre de mina y clasificación de los cuerpos de agua. La contaminación del agua pone en grave riesgo el acceso al agua potable de los pueblos indígenas y poblaciones en general.

• El actual sistema de gestión integrado del agua de la ANA (autoridad nacional del agua) es un sistema centralista y privatista, que niega la gestión comunitaria y social del agua de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas se ven excluidos de la gestión ambiental de los recursos hídricos y se vulneran sus derechos ancestrales en torno al agua, esto afecta especialmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las mujeres campesinas. 

• La ANA-MIDAGRI, el MINAM y el MINSA deben fortalecer su rectoría frente a las decisiones de otros ministerios, como el MINEM y el MEF. Se debe priorizar y promover el desarrollo de instrumentos para documentar de manera integral la situación actual de cantidad y calidad de los recursos hídricos en el País. El Ministerio de Vivienda y Saneamiento debe actuar de manera célere para proveer de agua potable a aquellas poblaciones afectadas por la contaminación de los recursos hídricos.

Algunas recomendaciones de la ONU

• Detener nuevas concesiones en cabeceras de cuenca e implementar de manera efectiva la Ley de protección de cabeceras de cuenca, garantizando la participación efectiva de las poblaciones implicadas
• Activar con urgencia la legislación vigente para la remediación de pasivos ambientales con la adecuada financiación
• Generar legislación que enfatice en la gestión sostenible – regulación y monitoreo – de los acuíferos subterráneos con participación de la sociedad civil, clausurando pozos ilegales y evitando nuevas concesiones que agraven la insostenibilidad
• Priorizar la satisfacción de los abastecimientos de agua potable de forma continua sobre los usos productivos
• Permitir la investigación y monitoreo independiente y transparente de la posible contaminación toxica de abastecimientos y análisis epidemiológicos de las consecuencias en la salud pública
• Garantizar la total transparencia de los contratos de minería y de la gestión de las explotaciones, tanto en lo que se extrae como en los vertidos generados, con seguimiento abierto a la participación ciudadana

https://elpais.com/elpais/2015/04/29/planeta_futuro/1430306584_120041.html

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/water/visits/peru/2022-11-16/red-muqui.pdf

https://news.un.org/es/story/2022/12/1517512

ANEXO

El proceso de tratamiento del mineral aurífero de Yanacocha tiene una ley de 1 gr/TM de Au y comienza con un proceso de lixiviación. En la pila o PAD de lixiviación, que es una estructura a manera de pirámide escalonada, se acumula el mineral extraído ya triturado hasta tamaños de 4 pulgadas. A este material se le aplica, a través de un sistema de goteo, una solución cianurada de 50 miligramos por litro de agua, la cual disuelve el oro, en forma de un complejo de cianuro de oro. Mediante un sistema de tuberías colocadas en la base del PAD, la solución disuelta de oro y cianuro – llamada solución rica – pasa a una poza de lixiviación o disolución, desde donde se bombea hacia la planta de procesos.

La base del PAD está recubierta por una geo-membrana, que es un material plástico de alta resistencia que impide el contacto de los químicos con el suelo. 

Por otra parte, el oro  que no pudo ser obtenido mediante la lixiviación en pila se recupera en la planta de procesamiento de minerales Gold Mill (Molino de Oro), que comienza en la molienda del mineral. Luego se recupera el oro, también por lixiviación con solución cianurada, pero en tanques. En esta planta el oro se recupera en 24 horas, a diferencia del proceso de lixiviación en pilas que dura casi 60 días.

Luego del proceso de lixiviación en el que se obtiene una solución rica en oro, éste es adsorbido en los poros de las partículas de carbón activado en columnas de carbón. Luego, en la etapa de desorción, se hace circular una solución cianurada muy concentrada, para sacar el oro atrapado en la superficie del carbón activado. 

Esta solución rica en oro y plata es filtrada y limpiada. Luego se le elimina el oxígeno y se añade polvo de zinc para precipitar el  oro en estado iónico como oro sólido. Este proceso se llama Merril Crowe, el producto pasa luego al proceso de Refinería.

El oro obtenido en el proceso Merrill Crowe es sometido a operaciones de secado en hornos de retortas a 650º C. Finalmente, el producto obtenido pasa por un proceso de fundición, durante 6 horas en un horno de arco eléctrico a 1,200º C, para obtener el oro Doré que es el producto final y consiste en lingotes de oro y plata de 22 kg, con una ley de oro de 22% y 58% de plata.

La solución pobre, sin oro, es llamada también Barren. Esta es enviada de nuevo al PAD, pasando antes por un tanque para agregarle el cianuro que se consumió durante el proceso. De esta manera se completa un circuito cerrado de la solución cianurada que se reutiliza constantemente.