La «peruanización» de Argentina.

La ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei estuvo en el Congreso el día 10 de enero de 2024 con el objetivo de presionar a los parlamentarios para que aprueben la llamada Ley Ómnibus que Milei trata de imponer a los trabajadores y a toda la población.

Esa Ley, con más de 600 artículos, que pretenden pasarla con mayoría simple, resume los planes del gobierno anunciados por los ministros de Economía, Luis Caputo, y la propia Bullrich.

El enfoque es poner a Argentina de rodillas ante los buitres capitalistas imperialistas y reprimir a quien osar protestar, pasándole por arriba a toda la legislación vigente.

Entre las concesiones que Bullrich anunció que el gobierno Milei estaría dispuesto a negociar está el Artículo 331, que prohíbe reuniones con más de tres personas, lo que implica en un retorno a la sangrienta Dictadura de 1976-1983.

“Para facilitar la discusión, porque da lo mismo cuántos cortan el tránsito, les vengo a decir que vamos a retirar ese artículo porque está suficientemente explicado en otros artículos. Al haberse generado una confusión preferimos retirarlo.”

“Concesiones” que no son concesiones

El objetivo es golpear a los piquetes como una de las formas tradicionales de la lucha de los argentinos: “Nosotros queremos el orden económico, el orden social y el orden en las calles. Queremos que las fuerzas de Seguridad puedan trabajar sin sentir que van terminar presos de por vida y marcar que a la Policía no se la puede agredir, y que el que lo hace tiene consecuencias.” O sea el gatillo fácil en total acción e impunidad en Argentina.

El aprieto al marco jurídico es uno de los componentes importantes.

En el artículo 194 del Código Penal la pena es de tres meses a dos años para quienes corten las calles.  Entre las pautas que plantea el gobierno actual se estima que estas penas pueden extenderse de uno a tres años de prisión. 

La pena se eleva a cinco años de prisión para los organizadores de las manifestaciones “estén o no presentes”. 

Todo el sistema político oficial se encuentra, en alguna medida, por detrás del apoyo a esa Ley Ómnibus. El problema es el coste político.

La presión de los trabajadores y del pueblo argentino ha escalado y por esa razón obligó a la propia burocracia de la CGT (Confederación General de los Trabajadores) a convocar a un paro parcial y una marcha al Congreso para el 24 de enero de 2024.

El vergonzoso y traidor papel de la burocracia sindical

La burocracia de la CGT intenta contener la lucha maniobrando, como es natural del comportamiento de toda burocracia, aún más de una burocracia sindical ultra mafiosa como la argentina.

Por eso, no incluyó en las reivindicaciones lo que es más importante: la derogación de la Ley Ómnibus, o DNU (Decreto Nacional de Urgencia). No convoca la movilización y mucho menos la direcciona en contra del Ejecutivo, a la Plaza de Mayo.

Tampoco incluye el aumento a los sueldos, las jubilaciones y las asignaciones sociales de por lo menos el 100%, con reajustes quincenales para enfrentar a la inflación galopante; el mantenimiento de los programas sociales y cancelar los obscenos aumentos de los combustibles, la energía y la salud.

Hace exactamente lo opuesto, participando de las reuniones y maniobras de los diputados y senadores, buscando maneras de aprobar el DNU.

El modelo de Perú, Ecuador, Chile y Colombia para toda América Latina

Los Estados Unidos, que son los dueños de América Latina, enfrentan su mayor crisis histórica, con niveles de parasitismo financiero inauditos, lo que es normal considerando el estadio de decadencia estructural.

Como consideran nuestra región como su patio trasero buscan descargar sobre nuestros pueblos buena parte del peso de su crisis, al mismo tiempo que buscan una salida para su situación en una guerra mundial que sólo podría se nuclear, tal como lo hicieron con las dos guerras mundiales anteriores.

La Reunión Cumbre de Seguridad realizada en Quito, Ecuador, en septiembre de 2022, marcó un hito en esta política porque dejó muy en claro los objetivos. Fue contundente la declaración pública de la general responsable por el SouthCom, Laura Richardson, diciendo que América Latina es muy importante para los Estados Unidos debido a sus riquezas, que habría que mantener los competidores a distancia y rechazar cualquier forma de “terrorismo”, o sea enfrentar la lucha de los trabajadores y de nuestro pueblos en contra de la explotación.

En Perú por ejemplo, la Ley Antiterror le ha posibilitado a la Dicote, la policía contraterrorismo, todo tipo de abusos y que se encuentran en aumento.

Si alguien está en un bar tomando un café con un amigo puede ser preso, acusado de que supuestamente estaría planeando un atentado; obviamente, sin ninguna prueba. Una especie de aplicación de la película Minority Report donde la policía iba al futuro para identificar delitos y volvía al pasado para llevar a la prisión a quien cometerá delitos en el futuro.

Las prisiones preventivas durante años es lo que predomina, junto con casos abiertos que nunca se cierran con el objetivo de mantener a los activistas controlados.

En nuevo Decreto 1605, pretende aumentar aún más las potestades represivas de la policía.

Situaciones grotescas similares ya se ven en varios países, a comenzar por Chile, Colombia y Ecuador.

El Ecuador usando la “doctrina de choque”

La actual revuelta de las bandas criminales en el Ecuador le ha posibilitado al gobierno de Noboa declarar el estado de guerra interno, con un cheque en blanco para las fuerzas represivas que lo más probable es que deje fuertes secuelas después de estabilizada la situación.

No nos olvidemos que fue el asesinato de políticos conocidos, principalmente el muy sospechoso del crítico del correísmo Fernando Villavicencio, lo que posibilitó que la derecha en su conjunto derrotara a la Revolución Ciudadana en las recientes elecciones presidenciales y que tenga mayoría en la Asamblea Nacional.

Las maniobras de las clases dominantes que causan estado de estupor colectivo, un estado de choque, como lo dijo en su libro La Doctrina de Choque la socióloga canadiense Naomi Klein, buscan relajar la atención de la población para someterla a topo tipo de atropellos y abusos.

Y lo más importante. Por detrás, está lo que es más importante, la política del imperialismo de chuparnos hasta la última gota de sangre.

Las fuerzas antiimperialistas y revolucionarias tenemos el deber de tomar clara conciencia de la situación, elaborar política que apunten salidas y a la organización de las masas oprimidas que tienden a entrar en movimiento, conforme la crisis aumenta, y a pasarle por arriba a los mecanismos de contención social, que a cada día están más podridos, principalmente las burocracias sindical, de los movimientos sociales y de los partidos políticos.