Material escrito con base en la exhaustiva investigación realizada por @Nicolerol

En un rincón de nuestra sociedad, donde la lucha diaria se torna más intensa, emerge una voz valiente y decidida: la de @Nicolerol, una vecina con estudios básicos, un computador viejo que a duras penas se sostiene, y el día a día de cuidar a su madre enferma. En medio de estas adversidades, surge una llama incansable de determinación y conciencia ciudadana.

Esta investigación no proviene de un escritorio elegante ni de una mente académica distinguida, sino de la cotidianidad de una mujer común que siente en lo profundo de su ser la necesidad imperante de comprender y transformar la realidad que la rodea. Con un equipo limitado, pero con el corazón henchido de empeño, @Nicolerol nos sumerge en una exploración inquebrantable sobre la compleja red de injusticias que caracterizan al sistema de justicia en Chile.

Y lo más importante es que esta suciedad que se destapa que muestra el sistema de injusticia que predomina en Chile, se hace legalmente con documentos reales y comprobables. ¿Cómo puede ser que esto no salga en una noticia de la TV? Simple, nadie quiere mostrar la suciedad dentro de esta institución y otras vinculadas al propio Estado. 

¿Qué fue lo que le llamó la atención? En primer lugar, lo que le “gatilló” la incertidumbre, y saber que es lo que estaba pasando es este documento en el cual, se menciona que el carabinero se encontraba cursando ya otra pena. En segundo lugar, que al final de uno de los documentos se lee  “omitir el certificado de antecedentes penales del sentenciado (…) de acuerdo a lo previsto en el artículo 38 de la ley 18.216”. 

En esta ocasión se destapa una verdad inquietante, delineando la inequidad y parcialidad que permea el accionar de la institución de Carabineros de Chile. Lejos de cumplir con su deber de salvaguardar la seguridad y administrar justicia, esta entidad se halla envuelta en prácticas internas de persecución, corrupción y encubrimiento, alimentadas por las raíces mismas del sistema que debería erradicarlas.

Injusticia Estructural:

El caso de Felipe Andrés Pardo Vásquez ilustra la complejidad y gravedad de los problemas sistémicos. En el primer caso, se presenta un acto de cohecho perpetrado por dos funcionarios de Carabineros, quienes, en ejercicio de sus funciones, extorsionan a un ciudadano exigiendo una suma de dinero a cambio de su libertad. Esta situación revela una preocupante corrupción dentro de la institución policial, socavando la confianza pública en la justicia y resaltando la necesidad de una revisión profunda de los procesos internos.

Primer caso, la víctima sufre un robo con intimidación perpetrado por miembros de Carabineros. Los acusados abusan de su autoridad al amenazar y coaccionar a la víctima, evidenciando un patrón de conducta abusiva que apunta a la impunidad dentro de la institución. La actuación de los carabineros en este caso refleja una falta de escrúpulos y una percepción de invulnerabilidad, agravando la percepción de parcialidad en el sistema judicial.

El 6 de agosto de 2021, alrededor de las 02:00 horas, en la intersección de calle Cuevas con Avenida Diez de Julio, comuna de Santiago, la víctima Francisco, se encontraba en su automóvil cuando fue fiscalizado por funcionarios de Carabineros Chile que se trasladaban en el vehículo institucional RP-4057. La fiscalización se llevó a cabo buscando la falta del permiso necesario para transitar durante el toque de queda.

En este contexto, el imputado Héctor Quiñones Henríquez, Sargento 2º de Carabineros de Chile, abordó el automóvil de la víctima, situándose en el asiento de copiloto, ordenándole seguir al automóvil policial RP-4057, conducido por el imputado Felipe Pardo Vázquez, Cabo 1° de Carabineros de Chile. La víctima, temerosa, accedió y fue dirigida por diversas calles, recibiendo instrucciones que, en ocasiones, implicaban infringir las normas de tránsito, siendo amedrentada con la posibilidad de perder su automóvil y quedar detenida.

Al llegar a la comuna de Ñuñoa, el imputado Héctor Quiñones ordenó a la víctima descender del automóvil, informándole que le retiraría el vehículo de circulación. La víctima descendió y se encontró con el imputado Felipe Pardo, quien sugirió que sería más conveniente llegar a un arreglo que pagar por una grúa y sacar el automóvil de los corrales. Acto seguido, el imputado Felipe Pardo revisó el interior del vehículo de la víctima y, al regresar, le señaló: «ya vi el dinero que tienes en la billetera». Agregó que volvería al automóvil, simularía otra revisión y sustraería el dinero de la billetera.

Mientras el imputado Felipe Pardo llevaba a cabo el acto delictivo, el imputado Héctor Quiñones se encontraba fumando a menos de un metro de distancia. De manera impotente, la víctima atestiguaba el robo de $175.000 en efectivo. Posteriormente, los imputados se subieron al automóvil institucional RP-4057, indicando a la víctima que se retirara inmediatamente a su hogar.

En la sentencia emitida, datada el 27 de abril de 2023, se condena a FELIPE ANDRÉS PARDO VÁSQUEZ a una pena de TRES AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MÁXIMO. Se le aplican accesorias de inhabilitación absoluta o perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos durante la duración de la condena. 

La pena privativa de libertad es sustituida por LIBERTAD VIGILADA INTENSIVA, sujeta a un programa de intervención y condiciones especiales, incluyendo la prohibición de acercarse a la víctima y a su domicilio. La sentencia también establece el registro de la huella genética del condenado y exonera al mismo del pago de costas debido a su aceptación del procedimiento abreviado.

El querellante fue el propio Consejo de Defensa del Estado. 

Segundo caso ocurre, en la madrugada del 18 de noviembre de 2021, aproximadamente a la 01:00 horas, los acusados, los funcionarios de Carabineros FELIPE PARDO VÁSQUEZ y JUAN PABLO ACUÑA ACUÑA, en pleno ejercicio de sus funciones, se aproximaron a don ROBINSON AN Sc, quien estaba estacionado en su vehículo marca KIA modelo Cerato, con placa patente en la calle Mujica frente al N° 30, comuna de Ñuñoa, con el propósito de llevar a cabo una fiscalización. En el proceso, al percatarse de que la víctima no portaba su licencia de conducir, realizaron una inspección al vehículo, descubriendo la presencia de un arma traumática T4E tipo revólver.

En un giro inesperado, los funcionarios de Carabineros señalaron al señor GONZÁLES que estaba “involucrado en múltiples delitos” y le solicitaron una suma de $400.000 como condición para su liberación, literalmente en le dijeron “cuánto vale tu libertad”. Para materializar esta extorsión, JUAN PABLO ACUÑA ACUÑA se subió al vehículo de la víctima, trasladándose a un servicentro Copec en Avda. Vicuña Mackenna con Ñuble. Allí, realizaron dos giros de dinero, uno por $200.000 y otro por $180.000, y los $20.000 restantes los recibieron directamente del afectado. En este viaje, además, exigieron la entrega del arma traumática T4E tipo revólver, apropiándose de la misma, valuada en $122.927.

Los antecedentes de la investigación revelan la participación de testigos, incluyendo a otros miembros de Carabineros como VERNE ANDRADE MAGNAN y FELIPE VALENCIA HUGHES, así como otros actores como NELSON FERNANDO VELASQUEZ ALLENDE, ROBINSON ANDRÉS GONZÁLEZ SERRANO, MATÍAS RAMIREZ VILLENA y JOSÉ NAHUEL MILLAHUAL.

En la sentencia dictada el siete de febrero del dos mil veintitrés, se condena a FELIPE ANDRES PARDO VASQUEZ a sufrir la pena de TRES AÑOS UN DÍA DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MÁXIMO, con accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos durante el tiempo de la condena. Además, se le impone una multa ascendente a CUATROCIENTOS MIL PESOS. Se establece una pena sustitutiva de LIBERTAD VIGILADA INTENSIVA, sujeta a la participación en un programa de actividades orientado a su reinserción social, con condiciones especiales, como la prohibición de acercamiento a la víctima o su familia y la obligación de cumplir programas formativos. Este fallo busca equilibrar la sanción con la posibilidad de reintegración social del condenado.

Ambos casos tienen como base a Felipe Andrés Pardo Vásquez mientras cumplía sus funciones de Carabinero. En ambos casos se le da el derecho a que su pena privativa de libertad sea sustituida por Libertad Vigilada Intensiva. 

Relaciones de Corrupción y Encubrimiento:

La participación activa de otros miembros de Carabineros como testigos en ambos casos, así como la falta de acción interna para prevenir y sancionar estos comportamientos, resalta la existencia de redes de corrupción y encubrimiento a nivel institucional. La connivencia entre miembros de la institución y la presunta tolerancia hacia estas prácticas desleales sugieren un problema más profundo en la cultura organizacional de Carabineros.

En audiencia de 27/04/23 EL TRIBUNAL ACCEDE A LA SOLICITUD DE LA DEFENSA DEL PACO Y ORDENA SE CUMPLAN AMBAS CONDENAS DE FORMA SIMULTÁNEA. Además agrega que sólo se pueden omitir la primera condena en el certificado de antecedentes penales.

Es necesario recalcar que la defensa solicitó que el beneficio de Omisión de antecedentes penales.  Y fue concedido para todos los Certificados de antecedentes referidos a: Manejar Vehículos Motorizados, Postulantes a ingresar a la Administración Pública, Fines Particulares y Fines Especiales, esto en virtud del Artículo 38 inciso 1° de la Ley N°18.216, modificada por la ley N°20.603. 

Como puede observarse en el PDF adjuntado debajo, en este momento, se desempeña como «Jefe de
Seguridad, en la Corporación de San Bernardo, con contrato indefinido, hace más de un año aproximadamente, siendo su desempeño laboral favorable, según lo esperado». ¿Como es posible que se encuentre desempeñando labores de seguridad y más aún como Jefe siendo que cuenta con 2 antecedentes por robo y abuso de autoridad?

Por suparte, el sargento Quiñones continúa en sus funciones, pero sometido a un sumario administrativo que se encuentra en curso…

Injusticia para la población obrera:

En ambos casos, la aplicación de penas leves, y la posibilidad de continuar ejerciendo cargos públicos, o donde se elimina uno de los antecedentes del legajo. 

No es la primera ni será la última vez en la que un Carabinero de Chile salga casi que ileso ante una muestra de un abuso de autoridad, amedrentamiento y en muchos casos hasta mutilaciones y asesinatos. Mientras tanto, a los cabros que se movilizaron en Chile en octubre del 2019 se les sigue manteniendo preso por protestar, y en muchos de los casos con condenas exorbitantes, y los que están libres, teniendo que firman cada mes, con el legado sucio como “terroristas”, “peligrosos” o “subversivos”. 

Mientras las familias de los cabros que vienen de la capa obrera y que se encuentran criminalizados buscaban abogados a bajo costo, este carabinero tiene a su orden a 3 abogados para apelar a su causa. 

La injusticia chorrea por donde se vea. 

Conclusiones:

Si este caso, uno más de los tantos que ocurren día a día, no pone de manifiesto la imperiosa necesidad de llevar a cabo una revisión exhaustiva tanto del sistema de justicia como de la institución de Carabineros en Chile es que hemos normalizado la explotación y la segregación a niveles nunca vistos. 

La corrupción y la parcialidad interna emergen como amenazas latentes que socavan la integridad del sistema y erosionan la confianza depositada por la ciudadanía.

Es crucial subrayar que la relación intrínseca entre estas problemáticas y el modelo económico vigente resalta la urgencia de abordar las raíces estructurales de la injusticia en Chile. Ninguna serie de reformas será suficiente para alterar la situación actual, donde la corrupción y la violencia contra el pueblo persisten, perpetuando así la desconfianza y la desigualdad en la sociedad chilena.

Se destaca la alarmante falta de penas previas hacia funcionarios de carabineros, funcionarios del estado por corrupción,etc,  que permiten a individuos involucrados en actos ilícitos, como el caso de un carabinero que ha cometido el mismo delito en dos instancias, continuar ocupando cargos públicos sin que esto quede reflejado en su ficha penal. 

Este hecho evidencia una clara alevosía y repetición en la conducta. Mientras que a los primera líneas que únicamente se movilizaron defendiendo al pueblo que marchaba le dan más de 10 años de penas, como es el caso de Nicolás Piña a quien se le inculpa y condena por delitos que no ha cometido y con un juicio viciado, donde los propios intramarchas que lo detuvieron fueron testigos en su contra. 

¿Cómo es posible que para nosotros conocer de estas situaciones debemos realizar incansables búsquedas? ¿Cómo es posible que estas informaciones sean escondidas y digamos que esto es “democracia”? ¿Cómo podemos sostener que este sistema es justo cuando los jueces son apacibles? ¿Cómo? 

La lucha diaria de nosotros los trabajadores, los pobres, no solo se ve complejizada por la falta de dinero para llevar a casa, para comer,etc, se ve empañada por la desoladora verdad de que algunas leyes benefician a unos pocos, mientras el resto de nosotros se debate en la incertidumbre. La corrupción, arraigada en cada rincón de nuestro sistema, parece ser una realidad asumida y aceptada por todos, a pesar de nuestros esfuerzos por combatirla.

El juego de poder, la justicia se ve distorsionada y los jueces, quienes deberían ser garantes de imparcialidad, favorecen a unos pocos. 

La conclusión inequívoca es que se requiere un cambio real y profundo que aborde las necesidades de las grandes mayorías. Este cambio debe transformar el sistema de justicia en uno que sirva a los intereses de la clase trabajadora y no a las instituciones que perpetúan la violencia y la opresión en el marco del sistema actual. 

La transformación real no solo apunta a corregir aspectos superficiales, sino a reconfigurar fundamentalmente las bases sobre las cuales se sostiene la justicia y la seguridad en el país.

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