11.000 nuevos despidos públicos en Argentina 

A pesar de la crisis económica que enfrenta el país, la inflación y el aumento de la incertidumbre, el gobierno de Milei continúa aumentando esa desestabilización con el “descongestionamiento” del aparato estatal, para direccionar los recursos públicos para los buitres capitalistas, aplicando despidos masivos en organismos públicos sin un plan de reinserción de estos trabajadores. Simplemente, chim, pum, fuera. 

Es en este contexto, que se ha levantado un Paro Nacional, con toma pacífica de establecimientos como medida de presión. 

Esta política obviamente levantó la alerta del Estado Argentino, que valiéndose del Plan Bullrich anti piquetes, ya colocó en la entrada y en las instalaciones de los organismos públicos barreras de policiales preparados para amedrentar a quien quiera hacer uso de su derecho a manifestación, huelga y protesta. 

Es en este contexto que, trabajadores despedidos del INADI -Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo-  lograron sobrepasar una barrera policial e ingresar al recinto. Con ellos ya dentro del mismo, la infantería del Ejército reforzó el bloqueo del ingreso al establecimiento, y comenzó una disputa por mantener el espacio en toma. 

El vocero presidencial, Manuel Adorni,sostuvo  “el número ronda los 15 mil contratos que no se han renovado” (…) “es parte del trabajo para achicar los gastos del Estado, personal que no es necesario que no siga cobrando un ingreso del Estado, del otro lado hay un contribuyente que lo paga”.

Y es que hay que destacar que los despidos rozan al margen de la ley, pero eso no le importa al estado burgués, puesto que las leyes  en este sistema se interpretan y no se aplican. De esta forma, se vulnera el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional que establece las garantías de estabilidad. 

 Artículo 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Como las leyes son interpretadas y no aplicadas como tal, según el Gobierno las protestas no son legales, y serán sancionadas, “Lo que sea fuera de la ley tendrá las consecuencias correspondiente de cada caso” -Vocero de la Casa Rosada. 

A esto se suman los paros de los metalúrgicos y las protestas de la población en general en contra del aumento de la carestía de la vida y la disminución de programas sociales y políticas públicas. 

Las medidas adoptadas hasta ahora hasta el momento continúan contenidas por las burocracias sindicales, las cuales, no han propuestos paros generales de todos los sectores, ni han avanzado en una estrategía que realmente pueda darle un golpe duro al gobierno parando medios importantes para la producción y vida de la nación. 

Pero, a raíz del movimiento propio de las masas que empujan cada vez más a una confrontación directa, se han visto obligados a dar algunos pasos en tomas de centros, huelgas y puntos de prensa o protesta, etc. 

Argentina tiene un problema muy grave, que ninguna gestión podrá responder. 

El aumento de las contradicciones inter burguesas frenaron la aprobación del DNU, el llamado Decreto Ómnibus de Milei.

El problema estalló cuando Caputo, el super ministro de la Economía, y Milei quisieron pasar el aumento de los impuestos a las exportaciones.

Los gobernadores peronistas que lo apoyaban inmediatamente se bajaron y la aprobación del DNU quedó paralizada obligando al gobierno pasar los ataques de manera parcial.

Los diferentes sectores de la burguesía son favorables en aumentar los ataques contra los trabajadores y el pueblo, tanto en materia de reducción de salarios, jubilaciones y beneficios. Pero cuando se trata de ser ellos mismos afectados, los problemas escalan.

Caputo y Milei representan los intereses de los grandes fondos ultra especulativos, al estilo de BlackRock, Vanguard o Pimco. Ya otros sectores de la burguesía están vinculados a otros sectores de la burguesía internacional. Están los sojeros, los exportadores de cítricos del norte, la familia Macri y similares que tienen negocios importantes con los chinos; el sector de la minería y el sector energético, etc.

La única manera de salvar a Argentina de su profunda crisis es con un gobierno obrero y popular, con políticas anticapitalistas y antiimperialistas efectivas, lo cual implica en que los demás países de América Latina la acompañen.