Más de 163 líderes sociales son asesinados entre enero y noviembre de 2023 en colombia

Desde la RED AIDDHF, nos manifestamos en contra de los asesinatos a líderes sociales en Colombia

La situación de violencia contra los líderes sociales en Colombia alcanza proporciones inauditas, como evidencian los recientes informes de la Defensoría del Pueblo y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). 

La RED AIDDHF expresa su firme repudio a esta práctica sistemática que afecta no solo a Colombia, sino a toda América Latina.

La Defensoría del Pueblo alerta sobre la cifra oficial de 163 líderes sociales asesinados entre enero y noviembre de 2023. A pesar de “intentos” del gobierno de Gustavo Petro, la situación persiste y a esto se le suma, la criminalización de los luchadores sociales y principalmente de quienes participaron del Paro nacional del 2019 en Colombia.

A pesar de eventuales buenas intenciones del gobierno de Petro, la brutalidad del estado narcoparamilitar, que es uno de los principales en la implantación del Plan Cóndor 2.0 impuesto por los Estados Unidos en nuestra región, sigue intacta porque es un problema estructural. Y no nos olvidemos que el estado, como órgano represivo que unifica los intereses colectivos de las clases dominantes, tiene dueño.

En Colombia, aún hay presos políticos, siendo jóvenes de barrios populares,  estudiantes y trabajadores. 

La política de persecución solo aumenta la brecha en la participación política y le brinda más apoyo y peso a los grupos paramilitares. 

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En cuanto los asesinatos de los luchadores sociales, estos homicidios se concentran en zonas donde operan grupos armados vinculados con el crimen organizado y principalmente con el narcoparamilitarismo. 

Indepaz registra un total de 183 homicidios contra líderes sociales hasta la fecha, subrayando la gravedad de la situación. Los departamentos más afectados son Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Córdoba, Bolívar, Norte de Santander y Putumayo.

Lamentablemente, esta realidad no es nueva, ya que entre 2016 y 2022, se reportaron 1.113 líderes asesinados en Colombia, según la Defensoría.

Denunciamos y destacamos que la política criminalizadora viene desde el propio estado colombiano, el cual, ante grupo paramilitares que nada tienen que ver con la defensa de los intereses de sectores del pueblo, hace la vista gorda. Mientras tanto, a los luchadores sociales los asesinan hasta las propias fuerzas armadas. 

Es conocido que el informe, presentado en 2005 y 2008 con información de la JEP, demuestra como militares asesinaron al menos 93 personas, para posteriormente presentarlas como guerrilleros o paramilitares en el entorno petrolero del piedemonte, en veredas de 14 municipios de Casanare y Boyacá. Al menos 69 de estos crímenes fueron cometidos en las cercanías de los campos que explotó hasta 2010 la multinacional British Petroleum.

¿Esta situación ocurre por acaso? 

La política de saqueo de las grandes empresas transnacionales que dejan en nuestros países miseria y hambre es protegida por los Estados.

Durante la audiencia en Yopal, los militares reconocieron que asesinaron a las víctimas para ganar ascensos, días de descanso y otros beneficios. 

Como en otros actos similares realizados en Antioquia y Cesar, el reconocimiento se dio frente a un grupo de familiares de las víctimas de ‘falsos positivos’, como parte del Caso 03 de la JEP, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.

La persecución que denuncian los habitantes de estas veredas y, en general, de toda la zona montañosa de los municipios de Tauramena, Yopal, Aguazul y Nuchía, se ha materializado en situaciones como la judicialización a varios de los líderes de la región bajo cargos de rebelión y extorsión, y asesinatos selectivos, tanto a manos del Ejército como de los paramilitares. “Eso es lo que nos ha traído problemas, exigir nuestros derechos, porque como uno siempre va al frente liderando, entonces lo identifican a uno más fácil”, dijo otra habitante de Cumaná que también prefirió mantener la reserva de su nombre. 

Esta situación parte de la formación, y la política Estatal a la cual el ejército y las policías se subordinan. Para poder hablar de “paz” primero tenemos que hablar de respeto a los Derechos Humanos y fundamentales.

Sin esto, la paz que nos prometen solo vale para las grandes corporaciones y los grupos criminales, mientras los pueblos ponemos los muertos. 

La zona de las montañas continúa viviendo más de 30 años de estigmatización y criminalización, mientras las grandes petroleras se enriquecen y la miseria, el miedo y los conflictos continúan. 

Mientras tanto, las familias de las víctimas de los ‘falsos positivos’ siguen exigiendo justicia, verdad y reparación, no solamente por parte de los agentes del Estado, sino de los actores políticos y económicos que tuvieron alguna responsabilidad. Así sucede con las familias de líderes sociales asesinados en toda Colombia. 

La RED AIDDHF hace un llamado a la denuncia, la información, la divulgación y la solidaridad. Invitamos a todos a profundizar en la lucha por los derechos humanos y fundamentales. Es imperativo actuar hoy para evitar un futuro donde la participación política y la defensa de intereses populares se vean – aún más- gravemente amenazadas.

Para contribuir a la denuncia y visibilización de esta problemática, te invitamos a completar el formulario disponible en el siguiente enlace: [Formulario de denuncia]. La lucha por un mundo más justo y seguro depende de la acción conjunta contra la impunidad, y por la recuperación del estado de derecho que velen por los Derechos Humanos y fundamentales.