Informe Especial: Escándalos de Corrupción y Abusos en la Policía Peruana imaginate como sera ahora con el decreto 1605 

3 casos que demuestran la crisis interna de  nuestras instituciones de “seguridad” y su lógica de funcionamiento interno. 

Caso 1:  prisión preventiva contra el suboficial Joe Erick Torres Lobon asesino del compatriota Rosalino Florez 

La orden de prisión preventiva contra el suboficial Joe Erick Torres Lobon, acusado de estar involucrado en las matanzas durante protestas sociales. Este suboficial enfrenta cargos por su presunta participación en la muerte de Rosalino Florez de 22 años, quien recibió 30 perdigonazos por la espalda durante manifestaciones en Cusco. 

“Esta inhumana agresión dejó a Rosalino agonizando por 69 días, luchando por su vida, con sus intestinos destrozados y su hígado afectado. ¿Acaso eso no es un acto de lesa humanidad? ¿Acaso el accionar de la policía no está direccionado desde los altos cargos del Estado Mayor del cual la presidenta es la actual líder? El saltarse los protocolos en las intervenciones policiales fue una acción continua, ¿Acaso una acción repetida por parte del actuar de una institución dedicada a la represión no es una línea de acción organizada y no un Acaso?”  – Informe completo caso Rosalino

El juez Leo Dan Cristóbal Ayala subrayó el uso desproporcionado y letal de la fuerza por parte del estado, y Torres Lobon podría enfrentar una pena de quince a treinta y cinco años de prisión si es hallado culpable.

¿Acaso esto detendra los abusos de poder y la practica de violación sistematica de los derechos humanos de la polica nacional del perú? La respuesta corta es. NO. 

Mientras la lógica que impere dentro de la formación de nuestra estructura de seguridad sea la búsqueda del “enemigo interno” la acción siempre estará dirigida a violentar a la población y no a defenderla. 

Caso 2: Informático peruano Eddie Manuel Núñez Santos, quien fue encarcelado injustamente tras una confusión del FBI y la falta de diligencia por parte de la policía peruana.

La policía, siguiendo instrucciones del FBI, lo detuvo acusándolo de ser un sospechoso vinculado a amenazas de bomba, extorsión a menores y pornografía infantil. La confusión se agravó por la exposición mediática de la policía, y Eddie fue liberado solo cuando la Embajada de Estados Unidos retiró los cargos en su contra.

Y es que el problema es que la policía nacional del Perú realizó un gran despliegue propagandístico, donde antes de realizar investigación y diligencias, montaron un show, donde pusieron en peligro su integridad y su privacidad. Aún hoy, luego de demostrada su inocencia, las fotos de Edi circulan en las redes como un pedófilo, y un delincuente. 

¿Por qué la policía no realizó las diligencias? Como buenos subordinados de los Estados Unidos, no cuestionaron las informaciones y procedieron a amedrentar al acusado sin siquiera seguir los protocolos necesarios. 

¿Te imaginas como puede ser con el nuevo decreto 1605 que le da completa libertad a esta policía despreparada y farandulera de realizar investigaciones, prensiones y abrir caso sin procesos de la fiscalía anteriores? 

El Decreto N° 1605 va más allá al permitir la intervención de las comunicaciones y el levantamiento del secreto bancario en situaciones de emergencia, poniendo en riesgo los derechos a la privacidad y la confidencialidad. La rapidez con la que se puede solicitar y obtener estas medidas, sin un debido proceso, representa una amenaza directa a la autonomía y seguridad de los ciudadanos.

Instamos a la sociedad civil, a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a todos aquellos comprometidos con la justicia a unirse en la exigencia de la derogación inmediata del Decreto N° 1605. Es imperativo preservar las libertades democráticas y garantizar que las fuerzas del orden actúen bajo los principios de transparencia, legalidad y respeto irrestricto a los derechos fundamentales de cada individuo.

Caso 3: Corrupción dentro de la propia policía y relación con el narcotráfico 

Como el del director de la escuela de policías en Huánuco, el comandante Cristian Arturo Toledo Loli,  acusado de cobrar cupos a jóvenes que buscaban ingresar a la policía. Asimismo, se informa sobre un operativo cinematográfico para desarticular una banda criminal en la escuela de educación técnico profesional de Santa María del Valle en Huánuco.

Un hecho aún más impactante es la implicación del ex jefe de la dirección antidrogas en un caso de narcotráfico. El general Deni, recientemente retirado, enfrenta investigaciones por supuestos nexos con agentes antinarcóticos que recibían cupos del narcotráfico en Loreto, en el trapecio amazónico.

Si esto no genera una alerta y un llamado urgente a la derogación inmediata del decreto 1605 y la la necesidad de efectuar una reforma inmediata de la policía peruana y de todo el sistema de seguridad del Perú mediado por la propia población organizada, solo estamos esperando a que entren en nuestras casas y realizan detenciones masivas. 

Un segundo, eso también ya sucedió con los casos Olimpo y Perseo, donde más de 100 personas fueron detenidas al unísono y marcadas como terroristas aunque no hubiesen pruebas en su contra. 

Perú, despierta. Lo que estamos viviendo es una dictadura de nuevo tipo, donde no son golpes militares, pero sí todo un sistema supuestamente “democratico” dirigido a reprimir, censurar, matar y saquear a nuestros pueblos. 

La reciente concesión de mayores poderes a la policía a través del Decreto N° 1605 sólo perpetúa la impunidad y la falta de rendición de cuentas. En este sentido,este es un grito desesperado a la ciudadanía a levantarse por la justicia y los derechos humanos en Perú, exigiendo una reforma policial efectiva y la derogación del polémico decreto.