Entrevista sobre Caso Olimpo, el operativo de terruqueo más grande del Perú contemporáneo

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Buenas noches, en primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento y también enviar un saludo a todos los pueblos del mundo que están luchando por una situación mejor para la humanidad. 

Esta lucha es constante y la enfrentamos en medio de la persecución que hemos vivido durante varios años en nuestro país.

Como mencionaba hace un momento, este operativo que se gestó desde diciembre de 2020 y en el cual se detuvo a casi 100 personas, incluyendo a un bebé de 8 meses, personas mayores, estudiantes y trabajadores, entre ellos yo, estudiante y también profesor. 

Básicamente, se nos acusa de pertenecer a una organización terrorista, pero esta acusación es bastante endeble.

A lo largo de los casi 15 años de existencia del MOVADEF, no se ha señalado ningún acto subversivo que respalde esta acusación. Más bien, hemos luchado por ejercer nuestros derechos constitucionales, como el derecho a la participación política y la libertad de expresión. 

Sin embargo, en este operativo, se han presentado una serie de elementos supuestos que intentan sustentar esta acusación, como el hecho de proponer una nueva constitución, que para ellos es considerado un acto de terrorismo. 

Incluso actividades tan comunes como jugar un partido de fútbol han sido etiquetadas como actos de terrorismo.

Estamos frente a un estado policiaco que persigue y procesa a diferentes organizaciones y personalidades que piensan de manera diferente. 

En nuestro caso, algunos de nosotros hemos estado detenidos por más de un año, y como mencionaba Fernando antes, en el caso de Freda, continúan en detención.

Después de este proceso de prisión preventiva, enfrentamos las condiciones carcelarias poco óptimas en nuestro país. En mi caso, como docente, he sido testigo de cómo han vulnerado de manera arbitraria mis derechos.

Es lamentable ver cómo se vulneran nuestros derechos de manera tan flagrante. Hace unas semanas, salió un reportaje en Willax que está directamente relacionado con la relación entre este medio y la policía política, la Dircote en nuestro país. En este reportaje, se emitieron una serie de difamaciones y absurdos, como por ejemplo, afirmar que al enseñar danza, actividad que ejerzo como profesora de arte y bailarina, estoy llevando a cabo adoctrinamiento. Esto demuestra cómo se viola el derecho al trabajo de los ciudadanos, ya que primero te procesan, te persiguen y luego lanzan una campaña de estigmatización en la prensa, lo que dificulta enormemente tu capacidad para trabajar.

Además, se da por sentado que eres culpable, sin respetar el principio de presunción de inocencia, que debería ser fundamental en un estado democrático y de derecho. 

La prensa y la opinión pública te condenan de antemano, sin que se haya demostrado tu culpabilidad. Eres etiquetado como terrorista y considerado un peligro para la sociedad, pero nunca se especifica en qué consiste ese supuesto peligro.

En mi caso específico, derivado de este informe difamatorio, fui despedida de mi trabajo y el Ministerio de Educación incluso emitió una serie de planteamientos basados en una ley totalmente inconstitucional, la Ley 29988, que prohíbe a los procesados y sentenciados trabajar en el sector educativo. 

Esta ley es discriminatoria y contraviene nuestros derechos fundamentales, como el derecho al trabajo y a la presunción de inocencia, que tanto esfuerzo ha costado conquistar. Es evidente que en nuestro país existen leyes que lesionan nuestros derechos adquiridos a lo largo de los años.

Actualmente seguimos en investigación, pero ya no puedo trabajar porque me tratan como alguien que debe ser excluido de todos los ámbitos. 

Lo que buscan es aislarnos, negarnos la posibilidad de desarrollarnos profesionalmente y también de alcanzar nuestras aspiraciones individuales y colectivas. 

Desde hace un tiempo, se ve cómo esto también afecta nuestro derecho a la participación política, cerrando espacios y limitando nuestras oportunidades de ser ciudadanos plenos.

Aunque en nuestro país no existe la muerte civil, gradualmente se está avanzando hacia eso. Considero que esto, en el caso específico que nos concierne, no es casual. En este contexto se están llevando a cabo campañas y persecuciones políticas, alimentadas por la ley antisubversiva que tenemos en nuestro país. 

Esto se dirige hacia la segregación de personas que tienen una perspectiva diferente del mundo, negándoles su lugar en la sociedad. Es preocupante, no solo para mí, sino para todo el pueblo peruano y también para el mundo.

Es de conocimiento público que, si bien nuestro caso aún está en fase de investigación, está bastante avanzado, y la teoría fiscal apunta a negar el derecho de los ciudadanos a la participación política sin evidencia de actividades subversivas. 

Este proceso está generando una reacción cada vez más aguda en la sociedad peruana. Es especialmente preocupante cómo el Estado utiliza sus instrumentos para silenciar y condenar a la población, incluso a aquellos que simplemente expresan su desacuerdo con las políticas estatales.

Para concluir, me uno al llamado que se hizo anteriormente para conversar y abordar esta persecución política y criminalización que estamos viviendo. Es esencial abordar esto de manera conjunta, ya que, como dijo Bertolt Brecht, «primero van por uno, pero luego se extiende hasta que te llega a ti«. Es decir, cualquier persona puede ser señalada como terrorista sin base alguna.

Entonces, considero que es necesario no solo cuestionar la ley antisubversiva, dado que no estamos en un contexto de guerra para el cual fue creada, sino también profundizar en cómo se están llevando a cabo estas campañas de persecución que buscan estigmatizar a ciertas personas. 

Además, es crucial actuar al respecto, ya sea a través de acciones legales. Por ejemplo, en mi caso, después de lo sucedido con Willax, planeo presentar una querella. 

No puedo aceptar la impunidad con la que actúan y la falta de consecuencias por difamación. Como mencionó el anterior ponente, no he cometido ningún delito y, por lo tanto, no hay razón para que estas campañas de estigmatización y persecución se desarrollen contra mí y contra muchas otras personas. 

Por eso, me solidarizo con todos los que están siendo estigmatizados, perseguidos o señalados como «terrucos». Creo que es crucial tener este tipo de conversatorios y encuentros para abordar estas problemáticas.

¿Cuál es la acusación que están enfrentando? ¿Se les está imputando pertenecer a una organización terrorista? ¿Podrías proporcionar más detalles sobre los elementos de convicción presentados en el proceso?

¿Qué tipo de actividades se están utilizando como elementos de prueba en su contra? Mencionaste eventos como conversatorios, polladas y actividades deportivas, ¿hay otros ejemplos de actividades que se estén utilizando en su contra?

Además, mencionaste que se les está solicitando una pena privativa de libertad de 21 años. ¿Podrías explicar más sobre cómo se llegó a esta solicitud de pena y por qué consideras que es desproporcionada en relación con los hechos imputados?

Has mencionado la aplicación del «derecho penal del enemigo» como parte de esta persecución. ¿Podrías expandirte más sobre este concepto y cómo crees que se está aplicando en su caso específico?

Por otro lado, me gustaría saber más sobre tu participación en la vida política y cuáles han sido tus planteamientos hasta la fecha. ¿Qué acciones has estado llevando a cabo que podrían haber motivado esta persecución por parte del Estado?

Los elementos de convicción presentados en nuestro caso varían según cada persona procesada, pero en general se centran en actividades cotidianas y benignas, como reuniones, eventos culturales, polladas e incluso actividades deportivas. Algunos casos llegan al extremo de incluir acciones tan simples como vender productos como gelatina. 

Estas acusaciones parecen absurdas y no se corresponden con los hechos imputados, lo que refleja la falta de coherencia en el proceso legal.

En cuanto a la pena solicitada, se nos está pidiendo una condena de 21 años de prisión, una medida que consideramos totalmente desproporcionada y draconiana en relación con los supuestos delitos. Esta aplicación excesiva de la ley refleja una tendencia hacia el «derecho penal del enemigo», un enfoque legal que se ha utilizado de manera nefasta en nuestro país durante décadas.

En lo que respecta a mis actividades políticas, estas se han centrado en principios de justicia social, defensa de los derechos humanos y lucha contra la corrupción. 

He abogado por políticas que promuevan la igualdad de oportunidades, la inclusión social y el respeto por la diversidad cultural. Sin embargo, parece que estas accionhttps://plramericalatina.com/index.php/2024/02/19/abajo-el-caso-perseo-el-estado-peruano-busca-criminalizar-sentenciar-y-amedrentar-a-dirigentes-y-activistas-sin-cometer-ningun-crimen/es han sido interpretadas como una amenaza por parte del Estado, lo que ha resultado en acusaciones infundadas de terrorismo.

Es importante señalar que la situación que enfrentamos no es un caso aislado, como lo demuestra el caso de la maestra en Andahuaylas que fue detenida y acusada de colaboración con el terrorismo. 

Esto muestra una preocupante tendencia hacia la criminalización de la solidaridad y la disidencia en el Perú, un fenómeno que ha salido a la luz especialmente desde el año 2022.