Perú – Operación Valquiria V: La cortina de humo de las acusaciones de la Fiscal de la Nación a Dina Boluarte

Lo que sucede con la llamada Operación Valkiria V, que envuelve a la fiscal de la Nación Patricia Benavides no es más que uno de los tantos sucesos que vienen desarrollándose en Perú y que demuestran y sustentan la tesis de la decadencia del sistema de derechos fundamentales y básicos en los cuales se sistema la actual “democracia”. 

La crisis central en el Estado Peruano, mucho más allá de la crisis de gobierno, es una crisis política que refleja la agudización de la crisis generalizada a partir del aprieto del imperialismo norteamericano sobre toda América Latina. 

La reaccionarización total del Estado peruano se dio a partir del «fujimorismo» que institucionalizó su «guerra sucia» con la Constitución de 1992. Esa política ha contado con el apoyo y tutela de los Estados Unidos y ha sido mantenida por los gobiernos de la «democracia», que siempre han tenido que convivir con un fuerte bloque fujimorista; quien se ha salido un poco de ese guión ha sufrido golpes de estados, abiertos o disfrazados, como el reciente caso del golpe en contra de Pedro Castillo.

El gobierno dictatorial de Dina Boluarte ha aumentado mucho la represión, tiene sus manos manchadas con la sangre de más de 70 manifestantes asesinados y por haber permitido la entrada de tropas norteamericanas que no por acaso fueron dirigidas al sur, que es el epicentro de la revuelta popular. 

El control militar de Perú no es de hoy, ya que el ejército de los Estados Unidos ha impartido “capacitaciones” a la Policía y las Fuerzas Armadas de Perú en el 2015, 2017, 2021, 2022 y 2023. Además de contar con 10 bases militares estadounidenses en el territorio peruano, la mayoría ubicadas en puertos estratégicos de energía. Entre las bases militares más conocidas están:  Palmapampa – VRAEM. Mazamari – VRAEM. Pichari – VRAEM. Puerto de El Callao. Ancón. Pucalpa. Equitos. Teniente Clavero – Putumayo. Santa Clotilde – Loreto. El Estrecho – Putumayo

Este gobierno representa mayor persecución, mayor criminalización, menores derechos y vulneración de los derechos fundamentales. 

Al final, ¿qué es la «democracia» y a quién beneficia?

La «democracia» no existe democracia en abstracto, sino que sus dueños son las clases dominantes. 

Por ende, se clasifica a la democracia burguesa como el actual tipo de democracia que nos rige y que comienza con la asunción del modelo capitalista sobre el modelo feudal de producción. La misma es la conjunción de todos los elementos del aparato estatal, legal y jurídico a favor de la clase explotadora, en este caso la burguesía, para satisfacer y dar respuesta a sus intereses de clase. Es así que la democracia burguesa es democracia para la minoría dominante, mientras que para la gran mayoría es una dictadura, la cual amenaza, limita, atenta, y cercena las libertades democráticas permanentemente para las masas trabajadoras, explotadas y oprimidas.

En palabras de una gran revolucionaria: “La democracia es quizás inútil, o incluso molesta para la burguesía hoy; para la clase obrera, es necesaria, incluso indispensable. Es necesaria, porque crea las formas políticas (autoadministración, derecho de voto, etc.) que servirán al proletariado de trampolín y de apoyo en su lucha por la transformación revolucionaria de la sociedad burguesa. Pero es también indispensable porque es solo luchando por la democracia y ejerciendo sus derechos como el proletariado tomará conciencia de sus intereses de clase y de sus tareas históricas” – Rosa Luxemburgo, Réforme sociale ou révolution ? [1898]

Los Derechos Fundamentales son los derechos que pertenecen de manera inherente a toda persona en razón a su dignidad humana sin distinción de raza, condición, sexo o religión y cuentan con una protección judicial reforzad a través de las constituciones.

La Operación Valkiria V y los sucesos que envuelven a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides

Toda la trama parece una cortina de humo, una falsa disputa entre Dina y la Fiscal, donde parece que se debe de tomar un bando. O defender a una Fiscal que ha entorpecido las investigaciones en favor de la elite y el Estado Peruano por supuestamente haberse presentado contra el Gobierno y abrir una denuncia constitucional – que está realizada para que no surta efecto- o apoyar al gobierno usurpador y asesino en favor de luchar contra una fiscal vinculada con bandas criminales de cuello blanco. 

La verdad es que la única forma de que se efectúe un cambio es con la organización desde las bases, desde los oprimidos, la autoorganización, no se puede esperar que desde arriba se solucionen los problemas y menos aún caer en estas falsas disputas, ya que en esencia son disputas de la burguesía, entre sus fracciones pero no cambia en nada el ataque contundente, reaccionario y asesino que nos ejercen y que solo tenderá a aumentar. 

Que esté en boca de todos el nombre de Patricia Benavides es anterior a los chats que revelan que sus cercanos se coordinaron con congresistas para remover a la Junta Nacional de Justicia, designar al Defensor del Pueblo e inhabilitar a la Fiscal Suprema, Zoraida Ávalos. 

La misma, como lo han expresado algunos familiares de las víctimas de la masacre de  Ayacucho, ha perjudicado los procesos en pro de defender a los violadores de Derechos Humanos, que son agentes del Estado y dificultar las investigaciones:  

“Teníamos una fiscal especializada en Derechos Humanos en Ayacucho, la fiscal Karen Obregón, pero se nos informó que ha sido trasladada y ahora no sabemos quién se encargará del caso. Exigimos justicia y transparencia en las investigaciones. 

La fiscal Karen Obregón estaba manejando estos casos como debería. Era una fiscal parcial, alguien que desempeñaba adecuadamente su labor. 

Al parecer, a la Presidenta no le gustó, y lo único que hizo fue dar órdenes a la Fiscal de la Nación. 

¿Con qué propósito? 

Para cambiar, y no entiendo por qué cambiar de fiscal teniendo ya en la ciudad de Ayacucho a una fiscal especializada en casos de derechos humanos. 

Inmediatamente la cambiaron de fiscal y nos dijeron que se llevarían todos los casos de Ayacucho a Lima.” – Puede ver los relato completos de la conferencia de prensa aquí 

Posteriormente, ahora, su nombre se encuentra en las primeras planas de todos los periódicos basura, tras conocerse las acusaciones de Efficop contra Benavides Vargas por presuntamente liderar una organización criminal que archivaba investigaciones de congresistas a cambio de direccionar «decisiones de impacto» en el parlamento. Es decir, a cambio de impunidad, votos dirigidos de congresistas en determinadas temáticas.

El ventilado de los chat es la muestra de la decadencia que existe hoy en el gobierno Perúano, en especial en su Congreso, el cual se centra en disputas y enriquecimientos personales y de las camarillas cuyos intereses representan. 

Este suceso ha llevado, por ejemplo, a la congresista Sigrid Bazán, de Cambio Democrático – Juntos por el Perú, a presentar una denuncia constitucional contra Patricia Chirinos, de Avanza País. Es decir una supuesta limpieza de imágenes de entre los “buenos y malos” congresistas. 

Además, no debemos olvidar que Benavides también presentó en su momento una denuncia constitucional contra Pedro Castillo Terrones y Walter Ayala Gonzalez por el caso denominado ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

La Asociación de Familiares de Víctimas de Juliaca también se han pronunciado “Ahora que le han abierto una investigación por encabezar una red criminal, viene a utilizar a nuestros seres queridos y a todas las víctimas de este gobierno. Eso nos está causando bastante indignación como familiares”. 

Y es que, Benavides ha presentado una denuncia constitucional contra Dina Boluarte y Otárola por muertes durante las protestas, pero esta denuncia, únicamente menciona que hubo cinco fallecidos y un herido. 

No hace referencia a los más de 70 fallecidos por este gobierno. No contiene las investigaciones internacionales que acusan una violación sistematica, las declaraciones de los familiares, etc. 

El intento de imponer la vuelta a la Bicameralidad

Es en este contexto, donde todos ahora hablan de Benavides y su disputa con Dina Boluarte que pasa de raso la propuesta de la vuelta a la Bicameralidad. 

Debemos entender que la propuesta de la Bicameralidad esconde en realidad la crisis que existe hoy en el Congreso de Perú. Esto dicho por los propios exponentes que se reafirman en esta idea y la necesidad de darle una sobrevida al sistema sin pasar por reformas estructurales que le de pie al pueblo de participar activamente de las mismas como podría ser una Asamblea Constituyente con y para el pueblo para la redacción de una nueva constitución, que le pusiera un punto final a la constitución impuesta por Fujimori.

La Bicameralidad no resuelve los problemas de legitimidad del Congreso, y menos aún resuelve los problemas que enfrenta el pueblo peruano. 

Los ejemplos de Estados Unidos y Chile, además de otros, muestran  que siempre la «segunda cámara» (el Senado) ha sido controlado por los partidos más enemigos de los trabajadors y los pueblos para impedir la aprobación de leyes progresivas como la ley la gratuidad universal en la educación y la salud públicas, las reformas laborales en el sentido de mejorar la situación de vida de la población, los derechos democráticos, etc. 

Por ejemplo, la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, aprobada en la Cámara de Diputados en 2021 fue rechazada en la cámara del Senado. Lo mismo ocurrió con el cuarto retiro de las AFP (fondos de pensión).

Por ende, la vuelta a uno de los sistemas más antidemocráticos que existen no va a cambiar en nada la situación de los pueblos explotados del Perú, sino que por el contrario, la va a empeorar.

El proceso contra Dina Boluarte y los documentos presentados

Si bien ya hablamos de los procesos presentados contra Dina Boluarte por la “Fiscal Bamba” (Patricia Benavides), vamos a profundizar un poco más este proceso presentado en menos de 48 horas. 

Es importante enfatizar que en el documento se encuentra detallado que el ex ministro del Interior, Vicente Romero, que fue censurado por el Parlamento, es acusado de haber cometido homicidio calificado contra Raúl Santisteban y Sonia Aguilar. César Cervantes y Víctor Rojas (antecesores de Vicente), podrían ser autores de lesiones graves en agravio de Renato Murillo y de homicidio calificado contra Rosalino Florez Valverde, respectivamente.

Nada quita la veracidad de estos hechos, de las diversas responsabilidades del Estado y sus agentes ante el atropello de los Derechos Humanos y y de las libertadores individuales, y el asesinato a sangre fría de ciudadanos. 

El problema recae en que son más de  cuatro casos los que presentan una violación sistematica de los Derechos Humanos en el Perú, así como la continua criminalización y terruqueo contra muchos jóvenes que aún enfrentan condenas o están a la espera de las mismas. 

Este documento, se presenta para no avanzar en nada real ya que Dina Boluarte mientras sea presidenta no puede ser juzgada. Y tampoco lo será con una denuncia que no considera verdaderamente los hechos concretos más importantes que demuestran que lo que está por detrás es el intento de salvar a este sistema fujimorista.

En palabras de Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal, la acusación “es una cachetada a los familiares de las víctimas”, porque se denuncia a la presidenta y sus ministros por solo cuatro (de 50 muertes) y uno por lesiones graves. (…) 

Finalmente, no es una acusación porque falta la cadena de mando. A todos se les hace la denuncia penal por comisión por omisión. 

Ha mezclado la autoría directa, cuando a ella no le corresponde” (Lo más probable es que si) “pasa así como está, se va a archivar”. 

Hay que entender que no todo es legalismo, hay decisiones políticas que son las que verdaderamente hacen la diferencia. 

La justicia y el derecho (como ya lo hemos visto en varias instancias) tienen límites relacionados con intereses de clase, es decir, están al servicio de la clase que manda, y nunca se posicionará de la noche a la mañana a favor del pueblo a no ser que eso les sirva o que no tenga más remedio que hacerlo para evitar un ascenso que masas que la pueda llevar a perder su dominio. 

El General Víctor Zanabria, exjefe policial de Lima, señaló que la presidenta Dina Boluarte nunca dio directivas para asegurar la vida e integridad de los ciudadanos que protestaban. La declaración es parte del expediente de la denuncia constitucional contra Boluarte.

Mientras tanto …

1. Por otro lado, paralelamente el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) sesionará en audiencia pública el próximo lunes 4 de diciembre y de acuerdo con lo programado, analizará 11 procesos constitucionales, procedentes de cuatro jurisdicciones.

Entre las causas que se verán figuran cinco demandas de hábeas corpus presentadas a favor del ex presidente Pedro Castillo Terrones. 

2. Continúan los juicios contra los presos políticos encarcelados por el Estado Peruano por haber ejercido el derecho democrático y constitucional a la protesta. 
3. Continúa la utilización del «derecho penal del enemigo» para criminalizar las luchas.
4. Continúa vigente la Constitución del 92 de Alberto Fujimori.
5. El Congreso sigue siendo un nido de ratas al servicio de las clases dominantes y su patrón, el imperialismo. 
6. No hay ningún tipo de seguridad de no repetición de la represión genocida y de que se haga justicia. 

¿Y en el mundo?

Mientras nos focalizamos en Perú, el mundo sigue en movimiento, y en especial influye directamente en los acontecimientos nacionales.

No podemos dejar de mencionar el genocidio en contra del pueblo palestino impulsado por los sionistas israelíes, con el apoyo abierto del imperialismo norteamericano y la Unión Europea.

El cual, ha tenido el apoyo y subordinación de algunos países latinoamericanos, los cuales han apoyado a Israel y a sus patrones imperialistas, pero la mayoría de la mayoría apoyó a los palestinos bajo la fuerte movilización popular en sus respectivos países y en el mundo, lo que muestra el nivel de crisis de la dominación imperialista y la creciente dificultad para mantener a los trabajadores y a las masas pacificadas conforme la crisis capitalista avanza imparable.

La legitimidad de las decisiones políticas que están aplicando los Estados está en decadencia no solo en Perú, sino en el mundo entero porque en última instancia el objetivo es salvar a los buitres capitalistas de su mayor crisis histórica; los gobiernos tienen un objetivo central: salvar el capitalismo antes de que las grandes movilizaciones y las revoluciones barran con él. 

Es claro que el modelo capitalista se agota y esto porqué el mismo necesita dar un salto hacia una nueva forma de economía y vida, la cual, inevitablemente le quitaría el poder a quienes hoy la tienen; es por este motivo que se reniega a morir y darle paso a una nueva vida. 

Perú se encuentra en esa encrucijada, en donde ya nadie cree en los partidos políticos tradicionales, en los sindicatos dirigidos por la burocracia sindical, en la justicia del sistema, en el Congreso a servicio de este sistema y menos aún en el poder que puede tener un presidente electo dentro de los esquemas actuales.  

Es decir, no se cree más que la supuesta “democracia” actual sea tan democrática como nos habían metido en la cabeza desde que nacimos. 

Por esto, es predecible que la situación sólo empeora, no sólo para nosotros a través del cierre aún más rígido de Estado antidemocráticos, que violan directamente los derechos fundamentales, que reniegan de los Derechos Humanos y que reducen el Estado a un mínimo salvavidas para las grandes empresas sin algún tipo de intersección en políticas sociales y de desarrollo nacional, sino también para la gran burguesía (o los super ricos que controlan nuestros países, así como la familia Fujimori o más aún, Rockefeller, etc) a través de la muestra práctica de que este sistema busca una salida en la guerra y usa a América Latina como su retaguardia, como su patio trasero.

Las clases dominantes buscan imponer al 99% de las poblaciones un modelo que solo le asegura la vida al 1%  y que de “”democracia”” no tiene absolutamente nada.

En referencia a esto último, debemos comprender que las libertades democráticas, los derechos  y las garantías han sido conquistadas con sangre popular como lo son la libertad de prensa, el derecho a la movilización y expresión, el sufragio universal, la igualdad entre sexos en el ámbito económico y social, la libertad de asociación, de religión, etc. Conquistas que han sido -por la fuerza obrera y clasista de masas- permitidas por la burguesía e introducidas PARCIALMENTE a su régimen democrático burgués porque les fueron impuestas por la fuerza de la movilización popular. Y es que, cuando la crisis aprieta, todos estos derechos conquistados son limitados por la “seguridad pública” y cuando la crisis aprieta aún más y la fuerza de la movilización popular es insuficiente, son directamente eliminados, así como nos está sucediendo en este momento.