Ajuste y carpetazos: poco pan para el pueblo, mucho circo judicial

La cara del ajuste: hambre en el país de las vacas y el trigo

MATERIA PUBLICADA ORIGINALMENTE EN: VENCEREMOS-AR

El pasado 22 de agosto, nada menos que a cincuenta años de los fusilamientos de Trelew, el “Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil” que reúne a patronales, Estado y centrales sindicales, acordó un nuevo monto para el sueldo básico, cada vez más mínimo y menos vital. El salario mínimo establece una referencia, un piso para los sueldos que no están bajo convenio. Impacta también sobre las asignaciones sociales, subsidios por desempleo y algunas jubilaciones.

El importe del SMVyM se ubicaba en $47.850 en agosto y pasará a $51.200 en septiembre, con una suba escalonada que establece que vaya a $54.550 en octubre y llegue a $57.900 en noviembre, con nueva revisión. Estas cifras siguen ubicando al sueldo de referencia prácticamente a la par de la canasta de indigencia, en julio en $49.500.

Estos aumentos, por debajo de la inflación, continúan consagrando la injusticia: una familia tipo, aún con dos salarios mínimos, permanece sumergida en la pobreza, ya que la canasta básica que mide el propio INDEC se ubica para julio en los $111.300 (sin contemplar el costo de alquiler de vivienda).

El salario real viene cayendo en nuestro país desde hace al menos cinco años. El promedio de la caída desde 2017 a esta parte es de un 22%, cifra que empeora en el empleo público y mucho más para el sector informal. Se trata de la contracara del enriquecimiento del empresariado.

En esa misma semana que concluyó, el ministro Massa aplicó un recorte nominal en partidas de Salud ($ 10.000 millones), Vivienda ($50.000 millones) y Educación ($70.000 millones). La tijera del superministro realizó un superrecorte en sintonía con las exigencias de disminución del déficit que plantea el FMI.

El “milagro” de nuestros gobiernos consiste en que el país que exporta alimentos, y se ubica entre los mayores productores en varios rubros de esta rama, tiene a un millón de niñxs y a tres millones de adultxs que suprimieron al menos una comida al día.

Mientras el FMI, que exige cada vez más ajuste, dicta las políticas que estructuran nuestro derrotero, crecen el hambre y la exclusión. Los tarifazos y aumentos de precios reducen cada vez más las posibilidades de una subsistencia digna para millones de laburantes. A ambos lados de la grieta, se encuentran quienes vienen gestionando este destino para lxs trabajadorxs: quienes sostienen un modelo económico basado en el agronegocio contaminante y la explotación minera y petrolera, quienes incrementaron exponencialmente la deuda externa, quienes la pagan sin miramientos.

Crece el hambre. Las vaquitas siguen siendo ajenas.

El show judicial

En el escenario político, todas las luces se enfocan en la vicepresidenta en el juicio por la obra pública durante su gestión (la causa “Vialidad”). Tanto la acusación de sobreprecios en dichas obras, de licitaciones a medida para un empresario amigo como Lázaro Báez, como la defensa de Cristina Fernández de Kirchner señalando un intento de acorralarla políticamente, tienen elementos de verdad y se enmarcan en una férrea disputa entre facciones del poder.

Es indudable que existe un show mediático en la acusación del fiscal Luciani, no solo asiduo jugador de fútbol en la quinta de Macri -como lo es también el juez Giménez Uriburu- sino perteneciente a un Poder Judicial corrupto y al servicio de los poderosos en nuestro país… algo que el kirchnerismo no sólo no desconoce, sino que ha contribuido a sostener. La finalidad de estos jueces y fiscales, lejos de buscar la verdad o acabar con la corruptela estructural en la obra pública, es arribar a una condena sobre CFK, o bien condicionarla en su accionar y restringir su capacidad de maniobra.

No menos cierto es que la obra pública, ya sea en manos del kirchnerismo o del macrismo, por citar las dos fracciones en disputa en la actualidad, es una colosal caja para el enriquecimiento personal de funcionarios, pero también para el financiamiento irregular de la política punteril mediante el desvío de fondos, los retornos, la sobrefacturación.

Esto rige desde la cúspide del Poder Ejecutivo hasta las intendencias. La defraudación al estado se lleva a cabo de manera estructural en el capitalismo, y es sostén también de una buena parte las fortunas del empresariado: los casos de Lázaro Báez, pero también Techint, IECSA o Electroingeniería, ligadas estas últimas al macrismo y al kirchnerismo respectivamente, sirven como ejemplo. La denuncia señala el desfalco en la “causa Vialidad” y sindica como jefa de una asociación ilícita a Cristina Fernández; el retruque de la vicepresidenta esgrime el carácter político y persecutorio de la acusación, que podría derivar en su proscripción, y plantea que la imputación está “floja de papeles” en material probatorio. Ambos planteos contienen elementos ciertos.

El contraataque de CFK en su alocución, lejos de exculparla salpicó a otros. Uno de los mencionados por la acusada fue el empresario amigo de Macri, Nicolás Caputo, involucrado en varios chats promiscuos con el exfuncionario kirchnerista, José López. En dichos mensajes, citados por CFK, se ve la familiaridad entre López, el hombre de los bolsos con 9 millones de dólares, y el empresario macrista.

Esto no desmiente en modo alguno los sobreprecios de Austral Construcciones, pero le recuerda al resto de manera palmaria que el empresariado y los funcionarios conviven en un mismo lodo, “todos manoseaos”, como dice el tango. Sin dudas, se trata de una disputa donde intervienen diversas fracciones del poder político, el mediático, el judicial y el empresariado, en la cual no hay inocentes.

El peronismo subido al ring

A partir de la enunciación del pedido de condena del fiscal Luciani, que reclama 12 años de prisión efectiva y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos para CFK, el interés político y de la opinión pública estuvo puesto exclusivamente en la vicepresidenta. Surgieron manifestaciones de apoyo, fogoneadas por algunos dirigentes sindicales e intendentes bonaerenses, pero con un componente también espontáneo en sectores populares sobre los que la figura de CFK aún gravita.

A estas movilizaciones, que tuvieron como punto de encuentro diversas plazas, pero también epicentro en las inmediaciones de la vivienda de la vicepresidenta en La Recoleta, le sucedieron en los últimos días escenas de tensión, cuando la policía porteña de Rodríguez Larreta montó un escenario represivo en la entrada de dicha vivienda. Así, este cuerpo policial ejerció su repudiable y clásico hostigamiento a los manifestantes, el mismo que desde sindicatos opositores y antiburocráticos, movimientos sociales independientes y partidos de izquierda venimos sufriendo hace años.

La policía del macrismo, aquella cuya creación que fue sancionada con acuerdo del peronismo porteño, ejecutó una verdadera provocación cuando valló la casa de la vicepresidenta y golpeó a militantes, incluidos algunos dirigentes, como el propio hijo de CFK, Máximo Kirchner.

La avanzada judicial y mediática sobre CFK se da en un momento particular, en el cual el gobierno del FdT ostentaba niveles muy bajos de popularidad y el desencanto ante las medidas cada vez más pro-patronales arreciaba desde su propia base electoral. Los sectores que arremeten contra su figura parecen haber logrado, involuntariamente, resucitar una épica militante en torno a la figura de la mandataria.

Como toda épica, se basa en el pasado: en la argumentación política de por qué se la persigue judicialmente, CFK no pudo mencionar una sola medida de su actual gestión, sino que se limitó a enumerar icónicamente un repertorio de los 12 años de gobierno suyos y de Néstor.

Mientras el embajador yanqui, Marc Stanley o el jefe de gobierno porteño hablan de la necesidad de una “coalición” que integre diversas fuerzas políticas para gobernar la Argentina, cabe preguntarse si la arremetida judicial sobre CFK es parte del diseño de esto (un intento de reordenamiento del peronismo y sectores de Juntos por el Cambio sin el kirchnerismo) o un desacople táctico entre las filas del partido judicial y sectores de poder mediático y de JxC.

En cualquiera de ambos casos, parecería que el efecto deseado no es el logrado: en medio de un ajuste descomunal, que la encuentra como parte de un gobierno que es producto de sus propias decisiones como armadora, la popularidad de CFK resurge entre algunos sectores del pueblo.

Una salida para lxs de abajo

La necesidad de sortear esta “grieta” entre sectores del poder en nuestro país y aspirar a una salida verdaderamente popular, se impone en un escenario donde el hambre, la precarización, el extractivismo, el endeudamiento y la subordinación al imperialismo no están en cuestión para ninguno de ambos bloques en disputa. Dejándonos entrampar en las variantes de las disputas patronales, buscando siempre el mal menor, nos condenamos a alargar esta etapa histórica que muestra su avanzado estado de descomposición.

Ni Juntos por el Cambio, pero tampoco el peronismo, pueden aportar en una perspectiva que resuelva mínimamente los problemas del pueblo. De un lado, se prometen descaradamente reformas laborales y jubilatorias; del otro, se evoca la justicia social, pero se reprime al pueblo, como en Guernica, como en las tomas de tierras de La Matanza, los operativos a manos de Berni. No hay “grieta” entre las fuerzas patronales a la hora de reprimir a los pueblos que siguen resistiendo los emprendimientos mineros, reafirmando una y mil veces que el extractivismo no tiene licencia social.

Es que, de ambos lados, la defensa del capitalismo dependiente significa una profundización del extractivismo. Con más o menos retenciones, el extractivismo es el pilar al que apuesta como clase esta burguesía decadente para mantener un orden social de muerte. La quema de humedales; la explotación de Vaca Muerta con el fracking y los sismos a repetición como “llave maestra” del supuesto desarrollo; el agronegocio que plaga de pesticidas a las poblaciones, los suelos y el agua mientras engrosa la riqueza de las corporaciones (extranjeras y nacionales) que patentan semillas transgénicas sin análisis serio de sus efectos y del paquete de agroquímicos que las acompañan; la explotación petrolera off shore que destruirá el ecosistema de nuestros mares y la vida de las poblaciones; y todo el loteo de las reservas de litio de Jujuy, hasta la ofensiva para imponer la explotación minera a lo largo de toda la cordillera… De ambos lados, se define pagar una deuda usuraria con más ajuste, más tarifazos, más recortes presupuestarios.

Solo la clase trabajadora, recuperando la iniciativa de manera independiente, podrá imponer las medidas para frenar el deterioro de sus condiciones de vida a través de la rebelión popular. Medidas básicas como la nacionalización del comercio exterior, expropiación de monopolios alimenticios para frenar la especulación del campo y la ciudad, el cese al pago de una deuda externa inmoral y fraudulenta, sólo pueden llevarse adelante por un gobierno de trabajadores que resultará de salirse de la grieta y proyectarse de manera independiente.